Mataron a Felipe Díaz. El comandante de la Fuerza Rural en Coalcomán, Michoacán. Uno de los autodefensas que en 2013 agarró las armas que encontró para enfrentar a los que secuestraron a sus hijos, abusaron y violaron a sus hermanas, colgaron a sus madres, les arrebataron sus propiedades, los desterraron de sus hogares.

Uno de los que sintió que los gobernantes que tenían la obligación de protegerlos, nunca escucharon sus gritos de auxilio.

Ya institucional, Felipe seguía peleando contra los criminales. Pero ellos lo acecharon para dispararle el viernes. Murió el sábado. ¿Un buen mexicano, un policía abatido en cumplimiento de su deber, un héroe más?

Cuando le disparaban a Felipe, un Tribunal Unitario ratificó el auto de formal prisión contra otro pionero de las autodefensas, detenido y acusado de posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y narcomenudeo: José Manuel Mireles, preso en una cárcel federal de Hermosillo desde hace cuatro meses.

Muchos (me sumo) insisten en que Mireles es un preso político. No para el gobierno del presidente Peña Nieto y el comisionado Alfredo Castillo, que le dan trato de forajido. El comisionado insistía ayer que no se permitirá nunca más que alguien se movilice armado fuera de su región ni, mucho menos, que intente tomar poblados ostentándose como autodefensa.

Pero las imágenes de hombres armados, como Mireles, como Felipe, han regresado a los medios de comunicación. Otra vez un Michoacán temeroso, que mira con desconfianza a una autoridad que se ceba con Mireles y no puede proteger a Felipe.
A los felipes.