El desenlace funesto de la noche de Iguala, hoy hace dos meses, tuvo también sus beneficiarios. Que quizá no fueron pocos.

Me refiero estrictamente a personas que, gracias a la fuga de los Guerreros Unidos y el desmantelamiento de la policía municipal, pudieron seguir viviendo.

Es el caso de un diputado local de uno de los distritos del norte de Guerrero, colindantes con Michoacán. Por los días de las fiestas patrias se vio forzado a parar en Iguala. Los criminales lo identificaron y llevaron a un restaurante, donde el jefe de la plaza comía camarones con Coca light. Le acercó un plato para compartir los mariscos, mientras le informaba de un presidente municipal de aquella región del norte que trabajaba para el antagónico grupo de Los Rojos.

El diputado alegó que nada tenía que ver. El capo le dijo que no importaba, de todas formas debería entregarles 2 millones de pesos.

En esas estaban cuando un escolta entró al restaurante para avisarle al capo que por ahí rondaba un grupo de soldados del Ejército mexicano. Le advirtieron al diputado que los tres saldrían juntos, y que si topaban con los militares y él abría la boca, vejarían y matarían a su familia entera.

Y en efecto, se cruzaron con los soldados. El capo presentó al diputado como un vendedor de terrenos que le quería vender uno. Les creyeron.

Tres cuadras adelante, el capo le recordó al diputado que no se le fueran a olvidar los 2 millones. Comenzaba a correr el plazo de dos semanas para entregarlos.

“Antes de que termine septiembre, cabrón”, se despidió sudando cuando el termómetro marcaba 36 grados.