El jefe interino de la Policía Municipal, Didier Vázquez Méndez, tiene la oportunidad de recuperar a una corporación con innumerables problemas. El peor, quizá, es el divisionismo entre los elementos y sus directivos, lo que provoca desconfianza, tergiversa la información y estimula la secrecía en momentos que la comunicación debe fluir. 

Si aprueba todos los controles obligatorios el ex director de la Policía Ministerial de la Procuraduría de Justicia, deberá demostrar que podrá resolver el pendiente de Gumersindo Jiménez Cuervo. La capacidad y la experiencia juegan en su favor.

Recientemente declaró sin titubeos: “Me topo con un equipo dividido al interior de la Policía, principalmente entre los jefes, cada quien trabajaba por su lado, intentando demostrar quién es mejor que el otro. Se olvidan que hay tres corporaciones en Chetumal: la Policía Estatal, la Policía Ministerial y nosotros, y de la suma de esfuerzos que debe existir con la Secretaría de Seguridad Pública para que se noten resultados. Cada quien debe hacer la parte que le corresponde”.

Con esa expresión, Didier Vázquez pone en evidencia que el divisionismo no solo afecta a su corporación, sino la relación con otras instancias de seguridad pública, lo cual explicaría en parte el aumento de ilícitos en una ciudad vapuleada por la delincuencia común. Esto ha sido evidenciado en reportes periodísticos y estadísticas de las mismas instituciones policiales.

Aunado a ello, cabe suponer que esa misma fricción entre altos mandos incide en la mala planeación de estrategias y la ejecución de operativos. Se sabe que persiste una pésima distribución de patrullas y motocicletas, en tanto que en las áreas de vigilancia no logran una cobertura óptima, ni siquiera suficiente, en toda la geografía municipal, ya sea por falta de gasolina para los vehículos o simplemente por un equipo obsoleto y mal asignado.

Sin duda, perduran las carencias como en otros municipios, pero los ciudadanos reclaman mejores resultados, aun cuando los habitantes no denuncian de manera formal ante las instancias correspondientes; entre otros factores, porque siguen desconfiando de los agentes o debido a la transformación de los procedimientos del Nuevo Sistema de Justicia. 

Se estima que menos de la mitad de los robos en la capital son denunciados ante el Ministerio Público del Fuero Común, lo que también explicaría la tendencia en alza de los ilícitos. De persistir esa apatía ciudadana motivada por diversos factores no puede avanzarse eficientemente, por más que ordenen más operativos, redistribución de vehículos o replanteamiento de estrategias. 

Lo cierto es que el ciudadano siempre ha desconfiado de policías y agentes del Ministerio Público, situación que debe considerarse en los planes de la corporación. Una medida que ha dado resultados en otros municipios es el contacto directo entre los elementos y los habitantes en un marco oficial (operativo o programa), para brindar esa atmósfera de confianza, básica para impulsar la comunicación. De existir ya en los planes, claramente no está resultando.

Esa acción no requiere de mayor presupuesto o de más policías, sino de redistribución, de táctica, de utilizar el equipo a disposición, para no permitir la desidia, la flojera o la imposición de intereses ajenos.

Pese a todo lo anterior, los números de organismos nacionales e internacionales (públicos y privados) revelan que Quintana Roo es una de las entidades más seguras del país, colocando a Chetumal con un índice “controlado” de ilícitos. La Organización de las Naciones Unidas ha revelado que el Estado tiene 366 policías por cada 100 mil habitantes, superior al promedio recomendado por la Oficina para la Droga y el Delito, lo cual es una noticia alentadora. 

Es momento que en la corporación de la capital considere estas cifras para reforzar lo posible, y las que no son favorables formen parte de un problema que debe ser resuelto y no ocultado.