Desde hace algunos meses reposa en el Senado un paquete de iniciativas para regular el uso de la marihuana en los Estados y el Distrito Federal, promovido por el PRD y presentado por su senador Mario Delgado. Con los debates en torno a las “grandes reformas”, hay otras que permanecen intactas, aun cuando aborden tópicos de salud pública.

La propuesta para reformar el Código Penal Federal y la Ley General de Salud pretende, entre los principales aspectos, reducir la criminalización de los consumidores; aumentar las cantidades para consumo personal; despenalizar la prescripción de la Cannabis para uso terapéutico, y dar más facultades para el control sanitario de estupefacientes.

En Quintana Roo el tema tiene peso real y urgente. Desde 2011 la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) informaba que el Estado ocupaba el primer lugar nacional en adicciones. Durante el primer trimestre de 2013, el Centro de Integración Juvenil (CIJ) Quintana Roo alertaba que la marihuana, la cocaína y el crack eran las drogas ilegales de mayor consumo entre sus habitantes, con 94.6, 44.7 y 27.4 por ciento, respectivamente.

De acuerdo con el informe 2014 de la misma asociación civil, estas son las drogas situadas por arriba de la media nacional en la entidad: marihuana, con 94.6%; cocaína, con 44.7%; crack, con 27.4%, y alucinógenos, con 0.8%.

El reporte confirma que las drogas ilícitas de mayor consumo entre los pacientes de primer ingreso a tratamiento son marihuana, cocaína, crack e inhalables. Peor aún, que el grupo en que inician es el de los 10 a los 14 años, con el 47% del total.

Con estas cifras queda en evidencia una realidad pavorosa: un porcentaje elevado de estudiantes ya no considera a la marihuana como una sustancia peligrosa.
 
Estos porcentajes deben significar una alerta para la sociedad y una revisión de cómo se encara el debate por parte de las autoridades, pues el aumento en los indicadores está directamente asociado al consumo y en los delitos provocados por ello. 

Si bien el incremento puede explicarse también por otros factores, como la creciente oferta y el trabajo deficiente de ciertas autoridades, es evidente que ha incidido la frivolidad con que es abordado por políticos y líderes de opinión, quienes han promovido el consumo presentándolo como reivindicación o “menos dañino” que el cigarro.
 
Algo peor es la forma en que ha permeado la percepción de que el consumo de marihuana es inofensivo, lo cual incluso se refleja en los padres, cuya percepción es muy distante a la de quienes saben: los científicos.

Actualmente diversas asociaciones científicas alertan los riesgos de promover el consumo de marihuana, particularmente en la población escolar, señalando enfáticamente que motiva la adicción, la deserción, el deterioro de funciones mentales, la delincuencia y una extensa lista de elementos nocivos.

Lo que se requiere con urgencia es la definición clara de las autoridades mediante la aplicación de acciones que contribuyan a desactivar esta percepción, desplegando programas y medidas que reduzcan su consumo. 

También es necesaria una labor conjunta entre las Policías y los agentes del Ministerio Público para lograr que los menores no queden tan expuestos a la creciente oferta.

Estos antecedentes confirman que es erróneo incentivar su despenalización por razones terapéuticas, por razones de reivindicación o por hacer “menos daño” que otras. Las autoridades deben ser cuidadosas en el manejo de este tema, cuestión que también compete a los padres y a los maestros, según los casos. 

Mientras no se apruebe y aplique, estamos a tiempo.