Rara vez el debate de unas leyes, dentro y fuera del Congreso, dura tanto, alcanza tal sonoridad y cuenta con voces tan definidas en favor y en contra. Señalar que el arribo a la fase de dictamen y voto de las leyes de telecomunicaciones es un atropello es, cuando menos, un atentado a la realidad observada, desprecio a la honestidad intelectual.

Algo bueno deben tener estas leyes al ser votadas por 25 de los 30 senadores de las tres comisiones que produjeron el dictamen. ¿Desde qué lógica puede argumentarse que el 83 por ciento es turbio, mientras que el 17 por ciento confiere a los opositores la razón y la superioridad moral?

De mantenerse la proporción, hoy, mañana, en periodo extraordinario, unos 100 senadores concretarán las leyes. Y solo unos 20 las reprobarán. Cuesta creer que tantos estén tan equivocados.

Por qué no comenzar mejor a reconocer que las leyes a punto de ser aprobadas integran una pista de partida que proyecta indudables beneficios a los consumidores y las audiencias, encumbra a una autoridad regulatoria, trae certeza jurídica, no se mete con la libertad de expresión (revísese el caso de Ecuador, si no), garantiza el uso libre de internet, regula el espectro radioeléctrico, ordena el otorgamiento y prórroga de las concesiones, determina a los colosos como agentes preponderantes, elimina cobros en telefonía fija y móvil, en fin.

Las verdades reveladas no existen. Hay, en cambio, reglas de juego que indican que algunas veces se puede perder. Por ejemplo, si la proporción en contra es de seis a uno.