Una de las necesidades de la política exterior mexicana es superar la asociación que se hace de México con la violencia, así como recuperar la imagen del país como una nación de progreso y con un enorme potencial.

México es un referente en el mundo, hay muchos temas de genuino orgullo nacional que es necesario rescatar y hacer valer, pero se requiere de una política exterior proactiva que acredite no solo la tradición y una historia, sino que también promueva los intereses nacionales.

Asimismo es fundamental construir nuevos escenarios para nuestro país coordinando distintas áreas de responsabilidad y niveles de gobierno.

Transitar de una agenda monotemática a una integral no significa obviar temas que deben encararse y posicionamientos que deben prevalecer.

Así, es oportuno y conveniente el señalamiento del embajador Eduardo Medina Mora sobre la necesidad de un mayor control de armas por las autoridades estadunidenses, posición que se correlaciona con la de la senadora Marcela Guerra, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, en el sentido de exhortar al Senado de Estados Unidos a tomar medidas para reducir el tráfico de armas. Cabe destacar, según fuentes gubernamentales, que 8 de cada 10 armas decomisadas en México provienen de aquel país.

Analicemos el contexto norteamericano actual. La segunda enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que establece el derecho de posesión de armas, es uno de los temas más sensibles y delicados de aquella sociedad.

Asimismo hay que considerar que la industria armamentista de EU es la más grande del mundo; el Instituto Internacional de la Paz de Estocolmo estima que Estados Unidos destina más de 340 mil millones de dólares al año para el desarrollo, producción e implementación de armas. Las asociaciones que reivindican el derecho de poseer y comercializar armas son muy poderosas y son muy activas, particularmente en el financiamiento de campañas políticas.

Hechos trágicos han impactado a la opinión pública estadunidense y han abierto un debate sobre la venta de armas. Lo sucedido recientemente es dramático: en la escuela primeria de Sandy Hook de Newtown, Connecticut, mueren 27 personas, de ellas 20 niños, hecho que horrorizó al mundo. Antes, el 20 de julio del año pasado, en un cine de Aurora, Colorado, en un incidente parecido mueren siete personas.

En abril pasado, otras siete personas son asesinadas en una universidad privada en Oakland California. En 2011, en dos eventos semejantes, perecen quince personas. Cincuenta y seis en total.

La Suprema Corte de Justicia del país vecino ha impuesto restricciones al derecho de poseer armas. La sentencia en el juicio District of Columbia vs.Helleren (2008), señala que la Constitución protege el derecho de los ciudadanos responsables y cumplidores de la ley a poseer armas para defender sus hogares, con lo que se abre la puerta para que las legislaciones impongan restricciones de diversa índole, en particular, las que buscan evitar que las armas paren en manos de personas no idóneas, de manera tal que, por ejemplo, una persona con una conducta reiterada de violencia familiar no sería apta para tal derecho.

En EU cada vez son más los estados que establecen restricciones al derecho libre de adquirir o poseer armas. Cabe destacar que no es la legislación federal la que lo resuelve, sino la local, y esto plantea un enfoque distinto, ya que las propuestas sobre reglas de control para el comercio de armas deben dirigirse no solo al gobierno federal y al Congreso, sino a las legislaturas de las entidades.

Según el Law Center to Prevent Gun Violence, los estados con legislaciones más rigurosas son los que registran las tasas más bajas de muerte por arma de fuego. Actualmente, en Nueva York, existe la iniciativa para un mayor control sobre la venta de armas, bajo criterios semejantes a los que existen ya en California, el estado que hasta ahora tiene mayor control en la compra de armas.

Las restricciones que establecen algunas legislaciones locales norteamericanas son de sentido común: por una parte, instauran la existencia de un registro, así como de una investigación sobre la idoneidad del comprador de armas; asimismo la obligación de informar sobre su venta o, en su caso, pérdida.

Por otra parte, establecer límites al tipo de arma de fuego que puede adquirirse por un particular. En el caso de la propuesta de Nueva York y la legislación de California rechazan que los particulares puedan tener armas de asalto y limitan el tamaño de los cargadores.

Ante este contexto, se requeriría sí, un mayor control del comercio de armas a través del procedimiento de registro, como lo propone atinadamente la senadora Guerra; sin embargo, esta acción la deben materializar las instancias federales, pero también las legislaciones locales.

Cabe destacar que de los estados fronterizos, con la excepción de California, Arizona, Nuevo México y Texas, tienen normas muy laxas de control para la venta de armas. Esto significa que la Conferencia de Gobernadores de la Frontera Norte, que agrupa a los mandatarios estatales de los dos países, debe incorporarlo como tema central de la agenda.

Adicionalmente, hay una vía de acción que las autoridades mexicanas y estadunidenses pueden emprender para propiciar un mayor control sin vulnerar el derecho constitucional norteamericano a poseer armas. Este se refiere a la acción legal que debe emprenderse en EU derivada del uso criminal de armas provenientes de dicho país.

En la medida en que los vendedores y compradores de armas enfrenten la acción legal por el uso criminal de las armas que han puesto en circulación comercial, mayor será el cuidado que impongan y así se evitaría que se desvirtúe un derecho legítimo como es el que particulares puedan poseer armas en su hogar para su defensa.

Las agencias de inteligencia nacionales y estadunidenses tienen información suficiente para un diagnóstico puntual y para recomendar acciones preventivas que tengan impacto para un mayor grado de seguridad.

Los problemas son distintos en cada país, pero el común denominador es el uso letal o criminal de las armas de fuego. Hoy, como pocas veces, la tragedia de Newtown ha llevado a la sociedad norteamericana a considerar con mayor cuidado la revisión de las reglas sobre el acceso a las armas.

Por tal consideración es pertinente que legisladores y autoridades participen, con sensibilidad e inteligencia, del objetivo compartido por una frontera segura y una relación bilateral constructiva y de beneficio común para ambas naciones.

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