Ante la cercanía del final del proceso de desarrollo del PDU de Mérida, hay que tener bien claro que un programa de desarrollo urbano no es un simple conjunto de ideas y objetivos, sino que debe ser un instrumento que defina, a partir de las propuestas y acuerdos entre sociedad y gobierno, las áreas y etapas de crecimiento de la mancha urbana, estableciendo los usos del suelo permitidos y la infraestructura y los servicios necesarios.

En específico, un PDU debe buscar la mejora continua de las condiciones de vida de toda la ciudad y su entorno, orientando el crecimiento y el desarrollo urbano hacia las zonas previamente determinadas como aptas para ello, con los usos del suelo previstos y acordados, respetando, inclusive mejorando, el estado del medio físico natural, estableciendo para todo ello las acciones necesarias para su conservación en beneficio de todos. 

Para ello es esencial acordar las zonas de crecimiento y sus etapas, con el propósito de prever y programar el desarrollo vial y la introducción de redes de infraestructura y de servicios, que debe acompañarse de acciones de mejora en las zonas que carecen de los servicios básicos de agua potable, drenaje, electricidad y alumbrado público. 

Es importante y básico para lograrlo programar dosificadamente el desarrollo del equipamiento urbano de acuerdo con los espacios acordados en cada horizonte de planeación, así como ordenar la estructura urbana mediante la jerarquización de su red vial de acuerdo con sus funciones.

A través del PDU se debe impedir la aprobación de nuevos desarrollos en áreas carentes de infraestructura de acceso vial, de suministro de agua y energía eléctrica, en áreas naturales protegidas y en espacios de riesgo, con base en el ordenamiento ecológico (que no tenemos) y el atlas de riesgos. 

El PDU debe procurar alcanzar una estructura urbana cada vez mejor articulada, densificada e integrada de acuerdo con las propuestas acordadas de zonificación y uso del suelo, y las características del territorio, orientando el desarrollo hacia la mejora continua de los espacios consolidados, la satisfacción previa de la demanda de infraestructura y servicios públicos, y el cumplimiento pleno de los condicionantes urbanos.