El que durante mucho tiempo hayan quedado sin castigo la corrupción y la utilización de los recursos públicos para convertirse en fortunas personales por parte de algunos líderes políticos, sindicales o sociales ha dejado en los ciudadanos su impronta de frustración o cuando menos de falta de credibilidad que es difícil revertir.

Nos hemos acostumbrado a que sólo excepcionalmente se realice una acción para castigar a quienes desde el poder cometen algún ilícito. De allí que cuando esto acontece –como en el ya conocido caso de la maestra Elba Esther Gordillo–, al sentimiento de aprobación y celebración le acompañe una especie de “sospechosismo” sobre los motivos de tan inusual suceso.

Ajuste de cuentas, venganza por haberse rajado o traicionado, medio de legitimación y otras explicaciones más entran en este contexto.

De la noche a la mañana no se cambia esta percepción, pero tampoco es cosa del otro mundo. Si actuaciones en este mismo sentido de castigar a gente del poder corrupta –aunque sean amigos, o amigos de los amigos– se vuelven algo común y no excepcional, el ciudadano volverá a creer. ¡Y vaya si existe materia para estas actuaciones!

Lo mismo acaece cuando se solapa, permite o nos “hacemos de la vista gorda” ante la actuación desordenada, autoritaria o llena de opacidad de alguna institución.

Y en este tenor en Yucatán tenemos muestra clara en el Ipepac, en el cual algunos consejeros están empeñados en “retornar al pasado” más oscuro  que daña la democracia, a todos los partidos políticos y ciudadanos, pero sobre todo al propósito de transparencia que se ha manifestado en el discurso de este gobierno estatal.

A nadie conviene esto y aunque se diga que es un organismo autónomo algo hay que hacer para corregir y evitar la incredulidad y el “sospechosismo”. Estamos a tiempo