A pesar de que, como comentamos hace unas semanas, Walmart Inc. ha gastado más de 439 mdd en multas y gastos legales para cubrir en Estados Unidos los costos asociados al caso de corrupción destapado en México en 2012, el asunto sigue dando de qué hablar en ese país.

La semana pasada, la empresa desestimó ante la Suprema Corte del estado de Delaware, en EU, que sus accionistas no tienen el derecho a consultar documentación interna de la investigación realizada en México sobre las mordidas pagadas a funcionarios locales.

Y es que como se recordará, el año pasado una corte en ese mismo estado determinó que la empresa estaba obligada a revelar documentos en torno a las violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de EU.

Según Richard Casen, periodista especializado en esta ley que sigue puntualmente el caso desde que el New York Times lo presentó hace dos años, grupos de accionistas del gigante minorista quieren saber qué tanto sabían algunos ejecutivos de Walmart sobre las operaciones para enterrar la información al respecto.

Casen dice que entre los archivos blindados por Walmart figuran documentos de altos directivos, del comité de auditorías y de Martiza Munich, la ex abogada, quien estaba a cargo de hacer cumplir las reglas legales y de contabilidad.

Los accionistas (entre los que se figuran el Sistema de Pensiones de los Profesores del Estado de California, el Sistema de Pensiones de los Trabajadores de la Ciudad de Nueva York) acusan que algunos de los ejecutivos del corporativo de Walmart intentaron cubrir su involucramiento, llegando a prácticas para confundir al Consejo de Administración. Asimismo, acusan que el propio consejo falló en cuanto a ejercer sus “tareas de investigación y supervisión”.

Lo que la defensa de Walmart alega es que los documentos que pretende ver la parte acusadora son parte de un proceso “en curso” y que además están “protegidos” por la confidencialidad entre cliente y abogados.
Esto quiere decir en sí que la empresa sigue investigando las violaciones internas a la legislación anticorrupción.

Lo que estaría por verse es si Walmart persiste en el secretismo de cara a las demandas de sus accionistas o si en su momento se detonarían sanciones a sus ejecutivos.