Un reciente análisis a fondo de la consultora A Regional puso el dedo en la llaga: Quintana Roo se encuentra entre los estados menos transparentes de la República, reprobado de fea manera en el índice de Transparencia junto a entidades como Guerrero, Hidalgo y Tabasco.

El reporte no es irreal, pues las prácticas para evitar rendir información pública obligatoria de las dependencias son cosa común, como se comprobó recientemente cuando algunas delegaciones federales y dependencias estatales usaron de pretexto la “veda electoral” para negar información a ciudadanos, hecho denunciado en estas páginas.

Pero a donde debe apuntar el dedo de la culpa es hacia el inoperante organismo que se ostenta como el vigilante que regula las prácticas en contra de la transparencia, garantizando a todo ciudadano el acceso a la información pública: el Itaipqroo.

Convertido en un elefante blanco, el Itaipqroo y sus consejeros son un costoso elemento decorativo de la burocracia estatal, cuya máxima hazaña ha sido encontrar ingeniosas maneras de dilapidar su millonario presupuesto.

Presidido por el consejero José Orlando Espinoza Rodríguez, el Instituto de Transparencia ha limitado su labor a la realización de concursitos de dibujo, de ensayo y de otras ocurrencias, para –según ellos– fortalecer la cultura de la transparencia en la población.

Pero esto se convierte en una vacilada cuando los pocos ciudadanos interesados en hacer valer sus derechos para acceder a información pública delicada intentan meter un recurso de revisión ante el Itaipqroo.

Allí, se enfrentan a un laberinto de recovecos legales y al paquidérmico brazo de la burocracia, donde sus recursos serán sometidos a un “riguroso” análisis por parte de la tercia de consejeros del instituto, quienes generalmente intentan darle la razón a la dependencia que negó la información bajo numerosos pretextos legales que tienen para ello.

Por eso, ante los resultados obtenidos por A Regional se comprueba el mal trabajo que realiza el Itaipqroo como regulador de la Transparencia; es su culpa por su pasividad y por solapar las prácticas que opacan  y cierran el acceso a la información.

Recientemente los nuevos consejeros dirigidos por Espinoza Rodríguez, fueron muy criticados por comprarse cada uno un nuevo auto de lujo modelo Malibú, argumentando que era por cuestiones de seguridad.

Mantener al Itaipqroo y a sus consejeros nos cuesta a los quintanarroenses más de 24 millones anuales, presupuesto del que gozaron en este 2013 sin justificar la inversión, reclamada en áreas en verdad vitales, como la salud.

Duelo verbal por franja en litigio

El gobernador priísta de Campeche, Fernando Ortega Bernés, se ha involucrado en una batalla desesperada, defendiendo una integridad de su territorio que no es avalada por nuestra Constitución de la República. Y ha sido precisamente la cuestión electoral la que ha atizado un conflicto que más tarde que temprano llegará a su fin, beneficiando a Quintana Roo.

Precisamente cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que podían votar en este proceso del 7 de julio los quintanarroenses establecidos en la franja en disputa, el gobernador de Campeche aprovechó la oportunidad para llevar agua a su molino.

Precisa el portal sin embargo.mx:

La decisión provocó un intercambio de declaraciones entre los gobernadores priístas Roberto Borge Angulo y Ortega Bernés, quien declaró: “Debemos tenerlo muy presente, particularmente en el momento que vivimos: Campeche nació entero, está entero y debe permanecer entero para siempre”.

Lo lamentable es que los dirigentes partidistas en Quintana Roo no toman nota de la importancia de la franja en litigio, ya que para ellos tan sólo Cancún vale la pena. Pero a nivel político vaya que importa esta porción de territorio que nos pertenece.