El viernes pasado publiqué en este espacio una colaboración titulada “La mala reputación de aquellos”, en la cual reproduje datos relevantes de un estudio elaborado por la Cámara de Diputados, acerca de la imagen que gozan legisladores, dirigentes partidistas, líderes sindicales, policías y jueces, los cinco peores evaluados por la sociedad. El análisis obliga a preguntarse insistentemente, ¿y entonces, en quién confiamos?

Por lo mismo, cabía cuestionar a los que saben: ¿Cómo andamos en Quintana Roo? La Comisión estatal de Derechos Humanos, de Harley Sosa Guillén, da varias pistas al respecto: 
Durante 2015 abrió mil 251 expedientes, con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) encabezando el listado de las dependencias señaladas, con 447 quejas. En segundo sitio se ubicaron los agentes de las 10 corporaciones policiacas municipales con 313, en lo que principalmente fueron detenciones arbitrarias y malos tratos a la ciudadanía. 

La Secretaría de Educación y Cultura (SEyC), con 285, obtuvo un deshonroso tercer lugar, con aspectos como el “bullying” a cuestas, mientras que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tuvieron 137 señalamientos. 

En lo concerniente a Cancún, apenas se recibieron 214 quejas, y también la PGJE fue líder, seguida de la SSP, la SEyC y finalmente la Secretaría de Salud, por motivos de mala o deficiente atención. De lo pésimo, vale destacar que se dieron 2 mil 310 atenciones psicológicas a adolescentes y jóvenes, quienes fueron víctimas de acoso escolar, gracias a las gestiones emanadas de este organismo descentralizado.

Lo anterior refleja que diariamente acudieron 3.4 personas a las distintas sedes de la Comisión a quejarse por algún comportamiento incorrecto de la autoridad que violó sus derechos. 

Los periódicos, la radio y los medios digitales sirvieron de ayuda para realizar una mejor labor de atención y seguimiento, ya que el 13% de las denuncias se iniciaron debido al monitoreo a medios de comunicación y no porque la persona afectada acudió a interponer la queja, aunque sí debió ratificarla. Este porcentaje se incrementó un 5% con respecto al 2014.

Denunciar es fácil, y en una misma queja el afectado puede realizar diversos señalamientos. Por ejemplo, que algunas personas hayan sido detenidas sin el protocolo establecido por las fuerzas del orden, y luego no se les haya tomado declaración en tiempo ni forma en las instalaciones de la PGJ. Ahí se dieron dos señalamientos en un mismo expediente. 

A diferencia de años anteriores, por la Ley de Víctimas aprobada en abril del año pasado en el Congreso del Estado, en los casos de detenciones arbitrarias el personal de seguridad tiene que ofrecer disculpas públicas a los afectados, estando presentes los medios de comunicación, tal como sucedió hace poco en Othón P. Blanco y Solidaridad.

En el supuesto de que Seguridad Pública se niegue a esta recomendación, el protocolo indica que el caso será turnado al Congreso, donde los diputados podrían aplicar sanciones para los servidores responsables.

Ojalá no hubiese ninguna acción u omisión de la autoridad que atente contra los derechos de los ciudadanos. Pero las hay. Lejos de reducirse el porcentaje, este parece incrementarse, aun cuando cabe reconocer que ello se debe a los esfuerzos por fomentar la denuncia, poniendo más herramientas legales y métodos a disposición. El ciudadano no debe callar, tampoco solapar. El peor error es pensar que ese tipo de prácticas constituye “lo normal” en un país con violencia e impunidad.

Hay que condenar las malas prácticas a todo nivel, sin discriminación de su procedencia o su magnitud. Una sociedad que repudia el actuar antisocial con la condena colectiva de quienes –se supone– deberían velar por nuestros intereses, termina logrando lo inimaginable.