La semana pasada, en mi conversación en la televisión con el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, le pregunté sobre el general Tomás Ángeles, su proceso y el hecho de que —según sabíamos hasta entonces— el peso de la acusación en su contra estaba en puras declaraciones.

El arresto de Ángeles, ex subsecretario de la Defensa Nacional en el gobierno pasado, por presuntas ligas con el crimen organizado, de ser cierto, hubiese sido el mayor escándalo de corrupción al interior de las fuerzas armadas que en el sexenio de la guerra contra el narco se encargaron de hacerla.

Murillo me dijo que estaban revisando todo el expediente. “Lo que sí tengo claro es que no vamos a ir a decirle a un juez algo de lo que no estemos convencidos, eso no”.

Eso se convirtió, en el lenguaje de los Ministerios Públicos, en el siguiente párrafo enviado al juez de la causa: “Por lo que hace al procesado Tomás Ángeles Dauahare, los deposados de los testigos protegidos colaboradores no se encuentran corroborados como medio convictivo alguno, salvo el hecho de que el acusado fue servidor público de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin que al día de la fecha se cuente con probanza alguna para confirmar los dichos de ‘Jennifer’ y ‘Mateo’”.

En cristiano: fuimos a buscar alguna evidencia, algún rastro físico de lo que nos habían dicho los testigos y no lo encontramos. De todo lo que nos dijeron, lo único cierto es que el general fue funcionario de la Sedena.

Seguramente el general estará en su casa en los próximos días.

No sin daño.

Su nombre ha sido arrastrado por el lodazal de la calumnia, habrá quedado en miles de mentes como el de alguien ligado a delincuentes, asesinos, narcotraficantes. Todo por una decisión arbitraria —basada en la declaración de dos delincuentes— de quien fuera titular de la Procuraduría General de la República.

A sus 70 años, pasó meses en la cárcel, sus familiares gastaron dinero en abogados, seguramente fueron al menos cuestionados por cercanos y lejanos.

Cómo Ángeles, ¿cuántos más fueron arrestados, encarcelados, sus vidas arruinadas con la simple declaración en una Jennifer, un Mateo?

¿Quién se atreverá a hacer el recuento? ¿A sancionar a quienes como método utilizaron tan solo la palabra de criminales para perseguir ciudadanos?

La actual PGR ha dado pasos en el sentido correcto como su repudio al arraigo o el fin a creer todo lo que dicen los “protegidos”.

Es apenas el principio.

Creer en la presunción de inocencia, respetar el debido proceso y las garantías de los imputados, es aún algo lejano entre nosotros —baste escuchar a la señora Wallace—, pero absolutamente necesario si queremos tener justicia de calidad. Como dice un amigo abogado, es parte del proceso civilizatorio.

Hoy, por cierto, los ministros de la primera sala de la Corte tienen una oportunidad para decirnos qué tipo de justicia quieren para los próximos años.

Twitter: @puigcarlos