En algún momento, más temprano que tarde, habremos de pagar tarifas e impuestos ajustados a la realidad de nuestras maltrechas finanzas nacionales. Es cierto que los indicadores macroeconómicos van de maravilla y que el déficit público no amenaza con desmadrar la economía nacional y que la inflación está razonablemente bajo control y que la deuda externa se podría pagar sin mayores agobios. Pero falta plata en este país. Para empezar, papá gobierno no ha aprendido a cobrar impuestos y, aunque le enseñaran, no se atrevería a meter las narices del temible SAT en las entrañas de la economía informal. Y resulta, también, que tiene malas costumbres; eso de los subsidios, por ejemplo, que fascina y embelesa a los populistas-asistencialistas-paternalistas pero que, en los hechos, es una simple confiscación de fondos públicos —o sea, del dinero de todos los mexicanos— con fines que no nos quedan totalmente claros porque, con perdón, las colosales millonadas que se tiran al caño para disimular el costo real de la electricidad y los combustibles podrían muy bien emplearse en la implementación de políticas sociales para combatir más eficazmente la pobreza o, inclusive, en inversiones productivas para propiciar el crecimiento de la economía.

Pero, en fin, son decisiones con altísimos costos para unos actores políticos que tienen siempre la mira puesta en las siguientes elecciones y que carecen de los arrestos para acabar, de una buena vez, con las ancestrales prácticas clientelares de nuestro sistema. El futuro, sin embargo, terminará por alcanzarnos y ahí sí que no tendremos ninguna otra alternativa.