Leo el “memorándum” que la organización Amnistía Internacional entregó ayer al Presidente de manos de su director general, Salil Shetty.

Ahí están los grandes temas de hace décadas en México, agravados en los últimos años por la guerra contra la delincuencia organizada y el narcotráfico. La tortura, las desapariciones, los homicidios, los migrantes, la justicia militar, los pueblos indígenas…

En paralelo, me llegaron materiales del expediente del caso Yakiri, la joven acusada de homicidio por la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, en el que ella alega legítima defensa por haber sido violada. Incluyo en esos materiales el largo amicus curiae que la Comisión de Derechos Humanos del DF ha presentado al Poder Judicial.

Hay un momento en el caso que, creo, nadie disputa. En la tarde del 9 de diciembre casi de manera simultánea llegaron a la Agencia 50 del Ministerio Público una mujer sangrada y golpeada diciendo que la habían violado, en ese momento un joven la ve y dice que esa mujer mató a su hermano, ella dice que quien la señala fue parte de la violación.

Desde ese momento el Ministerio Público toma una decisión: la mujer miente, el hombre tiene razón.

No indagó, no preguntó más, no averiguó.

Acumuló y sesgó evidencia para comprobar lo que había intuido en ese momento. Por eso nunca sabremos en verdad qué pasó esa tarde.

Así lo dice la CDHDF: “Ni la autoridad ministerial encargada de realizar la investigación, ni la autoridad judicial encargada de analizar el caso tomaron en consideración, si quiera, la posibilidad de que Yakiri Rubio hubiera sido víctima de violación sexual por parte de alguna de las personas que ella había denunciado”.

Los derechos de la mayoría de los mexicanos se violan en una barandilla de un Ministerio Público, o en la primera conversación con un policía. No son producto de grandes operativos, ni conspiraciones. Son pequeñas decisiones de pequeños funcionarios que generalmente afectan a los más débiles.

¿Cómo se cambia eso? ¿Qué memorándum sirve?