Hace unas semanas, durante el Foro por la reforma del sistema de justicia penal escuché al ministro Arturo Zaldívar decir que su mayor preocupación era que en los próximos años, en la medida en que el cambio constitucional de 2008 se va implementando y lo que decidió el legislador se hace realidad, la prensa, la sociedad civil, la opinión pública y publicada tuviera y facilitara las herramientas para ir acompañando un cambio cultural como pocos ha vivido el país.

Ya habían sentido los ministros la dureza de la crítica después de la decisión en el caso de Florence Cassez.

Esta semana le llovió a la Suprema Corte de Justicia.

Esta vez fue por una decisión sobre defensa adecuada, es decir, el derecho que tiene todo acusado de tener un defensor que tenga los conocimientos mínimos para representarlo frente al Ministerio Público y después ante un juez. Este derecho está en la fracción novena del artículo 20 de la Constitución. Como suelen hacer los ministros, agruparon varios amparos que contenían la misma pregunta, los discutieron y de acuerdo con una nota informativa: “por mayoría de 6 votos, los ministros resolvieron que la defensa adecuada dentro de un proceso penal es una defensa efectiva, la cual se garantiza cuando es proporcionada por una tercera persona que posea los conocimientos técnicos en derecho suficientes para actuar de manera diligente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evitar así que sus derechos se vean lesionados”.

Eso implicó que se concedieran algunos amparos y se regresaran los asuntos para que se volviera a sentenciar ahora sin tomar en cuenta las diligencias en donde los acusados no hayan tenido una defensa adecuada. No se juzgó —no le toca eso a la SCJN— sobre el fondo de los asuntos. A nadie, por cierto, se liberó. Por lo que leí en las discusiones sobre los casos, parece haber suficientes evidencias, además de las diligencias cuestionadas, para que las sentencias condenatorias sean ratificadas.

La discusión en la Corte y algunas reacciones posteriores en la prensa hacen más válidas hoy que el lunes pasado las palabras del Ministro Cossío durante la sesión:

“Algunos de nosotros consideramos que lo que puso el Constituyente en el artículo 1º, tiene un valor normativo y no solo un valor retórico; si el Constituyente se hubiera limitado a ponerlo en la exposición de motivos o en la declaración de algún senador o diputado o Legislatura alguna de los Estados, pues podría yo entender que tuviera un valor retórico, pero lo puso en un artículo 1º, se comprometió seriamente en el proceso, se dieron razones de peso en la iniciativa —en las iniciativas, porque son varias— en los dictámenes, en las exposiciones de motivos, etcétera, para que los derechos humanos tuvieran un valor importante.

“Yo sé que no todo el mundo coincide con este sentido de los derechos humanos, como si esto fuera algo que tuviera un carácter, insisto, retórico o mágico o voy a usar una expresión al uso hoy: naif, inclusive, por quienes estamos viendo esto. A mí lo que me parece importante de este proyecto no es que esté ordenando la inmediata libertad de nadie, lo que este proyecto está diciendo, y me parece muy razonable como las dos anteriores —es que las declaraciones que fueron tomadas sin un abogado, sin la presencia de un abogado— son declaraciones que se tienen que anular y a partir de ahí dictar las resoluciones que correspondan”. Es muy grave lo que está pasando en éste y en otros muchísimos asuntos en el país, esto ni es culpa de la Suprema Corte de Justicia, ni la Suprema Corte de Justicia lo está provocando, lo que está provocando esto es la situación de inseguridad del país, me parece. “Lo que está diciendo Cossío —lo que dijo la mayoría de la Corte— es muy claro: esa es la ley. Eso dicen los nuevos artículos constitucionales. En algunos de sus comentarios periodísticos, el ministro ha llamado a esta combinación entre la reforma a los primeros artículos constitucionales en relación con los Derechos Humanos, sumados a la nueva ley de amparo, y a la reforma penal, “la tormenta perfecta” por sus enormes consecuencias y porque aún faltan muchas normas secundarias por legislar.

Podemos ignorarlo, pero es cierto: los cambios realizados a la Constitución en los últimos años nos hacen y nos harán un país diferente. Uno mejor creo yo, mucho mejor, lo creen muchos, por cierto, incluidos la mayoría de los ministros.

El ejemplo de lo discutido el lunes es un gran ejemplo.

No por mucho decirlo es menos cierto: nuestras cárceles están llenas de pobres e inocentes. Una de las principales razones es por que los acusados no tienen una defensa adecuada, sea pagada o de la defensoría pública. Ahora, gracias a la reforma penal, la reforma del artículo primero y el amparo, los ministros han dicho: sin un abogado presente no se vale.

Yo lo aplaudo.

Los que no les guste, por cierto, reclámenle a los legisladores. Y, por cierto, si un día los agarran no pidan un abogado; a ver cómo les va.

Twitter: @puigcarlos