Los ambientalistas presentaron una ampliación de la demanda del amparo indirecto 884/2022 contra el Tren Maya, en su tramo 5 sur, por supuestas falsedades presentadas en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ingresada por Fonatur ante la Semarnat.

De acuerdo con un auto dentro del citado expediente, los quejosos alegan que las autoridades responsables afirman que la MIA, ingresada en mayo por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), tiene el objetivo de buscar los permisos para poder realizar el proyecto federal entre Playa del Carmen y Tulum.

Sin embargo, los ambientales exponen ante el Juzgado federal que esas obras y actividades ya fueron realizadas sin aprobación previa a su desarrollo; asimismo, sin que hayan sido sancionadas y, “acreditada la imposibilidad técnica de ser restituida a su estado base”.

En este contexto, la parte quejosa alega que en caso que la autoridad ambiental apruebe la MIA no se resolverá el problema de fondo, que es evitar que se vulneren los recursos naturales de la selva maya que se encuentran por donde pretende Fonatur que corra el tramo 5 sur del tren.

“La quejosa también hace ver que al admitirse a trámite la Manifestación de Impacto Ambiental y sustanciar el procedimiento respectivo, se permite que se siga vulnerando los componentes ambientales presentes. Asimismo, afirma que se abrió el proceso de consulta pública sobre la manifestación de impacto ambiental del veintitrés de mayo al diecisiete de junio de dos mil veintidós, sin que existan estándares que garanticen la efectividad de la difusión de información pública ambiental y la participación ciudadana en la toma de decisiones”(sic), dice el auto del juzgado primero de distrito, del décimo cuarto distrito judicial, con residencia en Mérida.

Sobre el tramo 5 sur pesa una suspensión definitiva dentro del amparo indirecto 884/2022, por lo que mientras no se dicte sentencia para saber si se otorga el amparo o se niega, no se puede realizar ningún trabajo en el lugar.

Para Gerardo Álvarez Armenta, especialista en derecho ambiental, por no haber contemplado todo el daño potencial al ambiente previo a las construcciones, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ya debería de haber rechazado la MIA y descartado el proyecto.

“Las autoridades ya deberían haber aplicado los parámetros del artículo 97 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que prohíbe que sigan las construcciones en la zona, y también deja sin posibilidad a una autorización de cambios de uso de suelo durante los próximos 20 años, además de que se debe comprobar a la Secretaría que el daño ocasionado ya fue restaurado”, explicó en su oportunidad.

(Con información de O. Martínez y E. del Valle)