Por su presunta participación en hechos probablemente constitutivos de delitos electorales en su modalidad de compra de votos con la promesa de recibir dinero, la Fiscalía General del Estado cumplimentó orden de aprehensión en contra de una persona del sexo masculino, identificado como Emiliano Vladimir “N”.

Luego de los primeros actos de investigación, la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Electorales solicitó y obtuvo de un Juez de Control la orden de aprehensión en contra de Emiliano Vladimir “N”, quien fue detenido en la ciudad de Playa del Carmen.

Al investigado le aseguraron un vehículo color negro con placas de circulación del Estado de Yucatán.

Cabe destacar que Emiliano Vladimir “N” fue diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la XV Legislatura, actualmente se desempeña como coordinador de líderes de colonias que se dedican a la compra de votos para una candidata a la Presidencia Municipal de Solidaridad.

Según las primeras indagatorias, las mujeres contratadas tenían la indicación de recopilar 20 credenciales de elector, las cuales eran subidas a una plataforma web; para este proceso, recibieron previamente un usuario y contraseña por parte de Emiliano Vladimir “N”. Una vez cumplido el número requerido, recibían un pago en efectivo por la cantidad de mil pesos.

Recientemente, personal de esta Representación Social cumplimentó orden de aprehensión en contra de una femenina de nombre Guadalupe del Rosario “N”, por el mismo delito.

La detenida recibía órdenes de otra mujer, quien señaló a Emiliano Vladimir “N”, como la persona a la que conoció en Plaza Las Américas y le propuso el negocio de compra de votos para una candidata a la Presidencia Municipal de Solidaridad, por la cantidad de cuatro mil pesos.

Dicha suma se pagaría en dos partes: 2 mil pesos antes de la jornada electoral y 2 mil pesos después de haber comprobado el sufragio; el recurso llegaría a través de tarjetas electrónicas de la empresa AlquimiaPay.

Tras cumplimentarse la orden de aprehensión, el detenido quedó a disposición de la autoridad que lo requirió, quien definirá su situación jurídica en el término constitucional previsto.