Luis Fuente/Mérida

Debido a las inconsistencias en la carpeta de investigación y la mala actuación de la Policía Estatal de Investigación, la juez primero de control de Mérida, Suemy Lizama Sánchez, liberó al hondureño José Ángel B. D., quien fue detenido por retener a seis de sus paisanos, en una casa del Centro de Mérida, la noche del pasado miércoles.

En la audiencia realizada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, la juez Suemy Lizama decretó como ilegal el arresto de este sujeto debido a graves violaciones al debido proceso.

Los fiscales solicitaron formular la imputación, pero de nueva cuenta la juez de control rechazó la petición con el argumento de que los delitos que se le atribuyeron al detenido son del orden federal, por lo que les ordenó que remitieran la carpeta de investigación al Ministerio Público Federal para saber si esa instancia quiere ejercer la acción persecutoria.

En un operativo realizado la noche del miércoles 23 pasado, en un predio del Centro de Mérida, elementos de la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública rescataron a seis migrantes hondureños -dos mujeres y cuatro niños-, además de que detuvieron al presunto traficante de personas (“pollero”), a quien le aseguraron un arma de fuego.

Los migrantes estaban retenidos por el “pollero”, que extorsionaba a los familiares de sus víctimas, pidiéndoles grandes cantidades de dinero para llevarlos a Estados Unidos.

Sin autorización 

Este detenido fue presentado ante la juez primero de control, Suemy Lizama Sánchez, y los fiscales solicitaron que se declarara legal la detención bajo el argumento de que los agentes de la PEI irrumpieron en el predio número 533-F de la calle 46 entre 71 y 73 del centro de Mérida, sin autorización judicial porque se trataba de una emergencia y se pretendía salvaguar la integridad física de las víctimas.

Enfatizaron en que hubo la flagrancia inmediata porque una de las mujeres retenidas escapó de la casa en cuestión y mediante un teléfono público, ubicado en la calle 50 por 71, avisó de los hechos, al numero de emergencias 911.

Por su parte, el defensor público del acusado expuso que no se daban las condiciones de flagrancia inmediata como argumentaba la Fiscalía, pues ese mismo día, pero a las 13:30 horras, el cónsul de Honduras, Erín Medina Ruedas, había hecho una llamada al número de emergencias 911 para reportar esos hechos y 10 minutos después la Umipol turnó el caso a la Unidad Especializada (UECS) de la Fscalía General del Estado, pero no designó a los elementos de la PEI para su investigación.

El defensor señaló que a las 20:50 horas de ese mismo día, el cónsul volvió a comunicarse a la Umipol para pedir un correo electrónico para enviarles videos de la supuesta privación ilegal de la libertad en el inmueble en cuestión.

Agregó que causó extrañeza que, 10 minutos después se diera la supuesta llamada de una de las víctimas, que escapó de la casa de seguridad, para reportar los hechos; sin embargo no existe registro de esto ante la Umipol.

Al resolver sobre la petición, la juez Suemy Lizama explicó que las violaciones consistieron precisamente en que no hubo flagrancia inmediata y que los agentes de la PEI actuaron por cuenta propia, sin pedir autorización al Ministerio Público, a pesar de que ya había una carpeta de investigación abierta con base en el reporte del cónsul hondureño.

La juez señaló que los elementos de la Policía Estatal de Investigación debieron informar al Ministerio Público del hallazgo del predio en cuestión, pedir la autorización para actuar y arrestar del sospechoso.

Estas indicaciones están plasmadas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el Ministerio Público, es la instancia que dirige las investigaciones.

“Estas modificaciones se hicieron para evitar actos de corrupción por parte de los policías que actuaban por cuenta propia”, enfatizó la juzgadora.

Otros implicados libres

El detenido es considerado coautor y se presume que cuando menos hay otros tres involucrados, por lo que la juez consideró que posiblemente se trate de una red de tráfico de personas, otro delito del fuero federal.

Cuando el detenido José Ángel salía del Centro de Justicia Oral, fue asegurado por personal de Migración y llevado a las instalaciones del INM para resolver su situación migratoria en el país.