Los reguladores de la Unión Europea (UE) presentaron el lunes cargos contra Apple, acusándola de impedir que los fabricantes de aplicaciones dirijan a los usuarios a opciones de compra más económicas fuera de su App Store. Esta acusación marca el primer uso de las nuevas normas de competencia digital del bloque, la Ley de Mercados Digitales (DMA), que entró en vigencia en marzo.

Según la Comisión Europea, el fabricante del iPhone ha incumplido la DMA, que busca evitar que las grandes empresas tecnológicas dominen los mercados digitales.

Las regulaciones de la DMA permiten que los desarrolladores de apps informen a los clientes sobre opciones de compra más baratas y les dirijan a esas ofertas. Sin embargo, la Comisión afirma que las normas de Apple para la App Store impiden a los desarrolladores hacerlo libremente.

Apple tiene la oportunidad de responder a estos hallazgos, los cuales serán evaluados por la Comisión antes de tomar una decisión final sobre el cumplimiento de la empresa en marzo de 2025.

Apple podría recibir multa

De ser hallada culpable, Apple podría enfrentar multas de hasta un 10% de sus ingresos globales, lo que equivaldría a miles de millones de euros, o sanciones diarias.

Además, la Comisión Europea ha iniciado una nueva investigación sobre el cumplimiento de la DMA en los nuevos términos contractuales de Apple con los desarrolladores de apps. Los reguladores se enfocan en una “cuota de tecnología” de 50 céntimos de euro que Apple cobra cada vez que sus apps son descargadas e instaladas fuera de la App Store. Esta cuota ha sido criticada por disuadir a muchas aplicaciones gratuitas de cambiar de plataforma.

En respuesta, Apple afirmó haber realizado varios cambios para cumplir con la DMA y asegura que más del 99% de los desarrolladores pagará lo mismo o menos en cuotas según los nuevos términos. "Confiamos en que nuestro plan cumple la ley", dijo Apple en un comunicado, añadiendo que continuará dialogando con la Comisión.

Esta acusación representa un desafío significativo para Apple, destacando la creciente presión regulatoria sobre las grandes empresas tecnológicas en Europa.

(Con información AP)