Nueve aspirantes a candidaturas independientes para las presidencias municipales de Quintana Roo fueron sancionados por el Instituto Nacional Electoral (INE), por no reportar las transacciones de dinero, gastos operativos o eventos en las que realizaron recaudación de firmas.

Resalta el caso de Manuel Antonio Valencia López, quien buscaba la presidencia municipal de Solidaridad, pero no alcanzó las firmas suficientes.

Según el informe del INE, cometió siete faltas, algunas graves, como no reportar transferencias por 107 mil 321 pesos, ni sus gastos operativos por 48 mil 125 pesos.

A pesar de que el organismo fiscalizador consideró estas faltas como graves y merecedoras de una sanción económica, al final sólo se le aplicó una amonestación pública debido a que el sujeto reportó que no tenía ingresos.

Otro caso es el de Nabil Eljure Terrazas, quien fue amonestado por omitir el registro contable de nueve operaciones bancarias durante su búsqueda por el respaldo ciudadano por un valor de 107 mil 837.

Eljure Terrazas, quien tras perder la batalla terminó por registrarse como abanderado del Partido Fuerza Por México, deberá pagar una sanción de 54 mil 320 pesos, el más alto impuesto en Quintana Roo contra los aspirantes sin partido.

Le sigue en monto, Silverio Córdova López, quien no logró alcanzar el número de firmas requerido en Benito Juárez, y deberá pagar 35 mil 968 pesos, ya que cometió una falta “grave” al no fiscalizar la cuenta bancaria para el manejo de sus recursos, y presentar fuera de tiempo el balance de 99 mil 206 pesos que recibió como apoyo en efectivo.

En tanto, Erick Daniel Estrella Matos, quien buscaba ser elegido para las boletas electorales en ese mismo municipio, pagará 19 mil 200 pesos de sanción económica por entregar a destiempo informes sobre sus registros contables.

“En términos del Artículo 458, numeral 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán efectivas una vez que haya sido legalmente notificada la Resolución de mérito; los recursos obtenidos por las aplicaciones de las mismas serán destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, en los términos de las disposiciones aplicables”, señala el documento aprobado el pasado 25 de marzo.

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