De todas las denuncias por delitos ambientales que son presentadas por la dirección de la Reserva de la Biosfera del Caribe Mexicano ante la Fiscalía General de la República (FGR) solo una ha concluido en una reparación del daño.

José Juan Domínguez, director del área natural protegida; reconoció que los delitos ambientales comúnmente quedan impunes pues solo tienen registro de un caso donde prosperó la denuncia, porque la empresa responsable optó por no ir a juicio y mediar en la reparación del daño.

Esto ocurrió en Akumal, en 2019.

Sin mencionar el número exacto de denuncias interpuestas, dijo que son muchas y por delitos diversos relacionados con la

• pesca furtiva y extracción de especies en veda,
• incumplimiento del programa de manejo del área,  
• tira de basura y
• desmonte de manglares.

Indicó que la Fiscalía con cada denuncia solicita pruebas fehacientes del delito y pistas que lleven a comprobar qué personas son las responsables.

“Es el procedimiento que nos piden seguir”, comentó.

La Fiscalía cuenta con una Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, adscrita a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales.

Dicha unidad tiene a su cargo la investigación, prevención y persecución de los delitos en la materia.

José Juan Domínguez aseguró que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), encargada de la gestión de las reservas naturales cumple con su obligación de denunciar cada delito o incumplimiento de las leyes o normas mexicanas ambientales.

Otra de las entidades federales con facultades para sancionar los delitos ambientales que se cometen en cualquier lugar -y cuando se trata de una área natural protegida- es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Asimismo, en el ámbito de sus competencias locales, corresponde a la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo (PPA) sancionar a quienes no acaten las disposiciones legales del estado en materia ambiental.

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