Carlos Castillo/SIPSE
BACALAR, Q. Roo.- Los campesinos de Bacalar solicitaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) retire las demandas interpuesta en contra de los ejidatarios por el bloque de la carretera federal Chetumal Bacalar el pasado 19 de enero.

Eliseo Julio Ramón Martínez, líder campesino de Baya Balam, señaló la demanda fue interpuesta en la Procuraduría General de la República (PGR), por lo que al menos cinco campesinos cuatro de la comunidad de Maya Balam y uno de Blanca Flor, se encuentran bajo investigación.

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Ayer jueves sostuvieron el primer acercamiento con autoridades de la SCT y la  PGR  para que desistan de la demanda, sin embargo, la dependencia se negó a llegar a una conciliación aun cuando los demandados se comprometieran a nunca participar en una manifestación de tal magnitud.

Al respecto, Eliseo Náhuatl Uc, representante legal de los campesinos señaló que agotaran todas las instancias para poder solucionar esta problemática a través de la conciliación por lo que ahora que la SCT, se negó a desistir de la demanda buscaran la intervención del Gobierno del Estado, pues dijo que si bien este delito de obstrucción es federal y se sigue por oficio, el problema por el cual se suscito fue culpa del gobierno al negarse a pagar seguros agrícolas.

“Los clientes no son líderes de los campesinos, fueron nada más cuatro más de los más de cuatro mil inconformes que participaron en la manifestación e inclusive hay uno que está en la investigación que ni estaba en Bacalar en esas fechas, por lo que también pido si se va hacer algo se haga conforme a la derecho”

El jueves 19 enero del presente año, habitantes de las 57 comunidades de Bacalar, bloquearon las carretera federal como forma de protesta, luego de varios intentos de diálogo para que el Gobierno del Estado, pagara el seguro de siniestros por más de 11 mil hectáreas  de cultivos, por un monto de dos mil 500 pesos por hectárea.

De acuerdo con la ley, a obstrucción parcial o totalmente el funcionamiento adecuado de vías de comunicación de los medios de transporte, es un delito federal en materia de Vías Generales de Comunicación y Correspondencia, por lo que la pena podría llegar  hasta 30 años de prisión.