Redacción/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Para regular la apertura, instalación, funcionamiento y cierre de las casas de empeño, así como para garantizar el origen y la legal propiedad de los artículos a empeñar; el Congreso del Estado dio entrada a un par de iniciativas para crear una nueva legislación que brinde seguridad jurídica a los usuarios con respecto a los bienes depositados, de las cláusulas y de los intereses que en las mismas se cobran.

En la sesión ordinaria número 13, presidida por la diputada Leslie Hendricks Rubio, el Pleno de la XV Legislatura dio lectura a dos iniciativas, la primera presentada por el diputado José Luis González Mendoza, presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico y la segunda, por el diputado Alberto Vado Morales, presidente de la Comisión de Cultura, se informó en un comunicado.

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González Mendoza presentó una iniciativa de decreto por el que se crea la ley que regula las casas de empeño en el estado, mediante la cual propone abrogar la Ley para la Apertura y cierre de casas de empeño y crear una nueva, con el objetivo de fortalecer el marco jurídico de normas, la legalidad de los actos de la discriminación, y todos aquellos mecanismos que se implementen para garantizar la protección de los bienes de los pignorantes, observando siempre la legalidad de las conductas, tanto de las autoridades competentes para regular, así como para establecer los derechos y obligaciones tanto de las casas de empeño, de los usuarios de éstas, entre otros.

Se busca además, establecer mayores requisitos al momento de empeñar un bien, considerando como obligación para el pignorante el identificarse y acreditar la propiedad del bien en prenda, sea con documentación o manifestación bajo protesta de decir verdad, haciéndose responsable, que en el caso de ser robada dicho artículo, se iniciará el procedimiento que se haya denunciado por la Fiscalía General del Estado.

En tanto, Vado Morales presentó la iniciativa de ley que establece las bases de operación de las casas de empeño del estado, la cual plantea la determinación de un ordenamiento jurídico que garantice a los usuarios de las casas de empeño un trato legal y justo respecto de sus propiedades, ordenando la determinación de reglas claras para el funcionamiento de estos establecimientos, tanto en el carácter de los intereses como de las cláusulas penales.