Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Congreso del Estado estableció un plazo de tres días para que el Fiscal General subsane las observaciones realizadas a la terna de la Fiscalía Anticorrupción, integrada por Joana María Guadalupe Gutiérrez Martínez, Raúl Ojeda González y Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo.

Al revisar los expedientes, las comisiones unidas de Anticorrupción y de Justicia, determinaron que Gutiérrez Martínez, presenta una duplicidad e inconsistencia entre el título y la cédula profesional.

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En el sentido caso, Ojeda González, el expediente no contiene la carta bajo protesta de decir verdad sobre el modo honesto de vivir y la carta en la que manifiesta estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

Por su parte, en el expediente de Villanueva Arzápalo no se encontraron los documentos originales de la constancia de residencia de cinco años yde la carta bajo protesta de decir verdad sobre el modo honesto de vivir, y tampoco se presentó la constancia de antecedentes no penales.

La terna fue enviada dentro del plazo legal establecido en la reforma constitucional, que venció el 2 de septiembre. La designación formal del Fiscal Anticorrupción deberá estar lista a más tardar el 15 de septiembre.

En el caso de Raúl Ojeda González, se trata de un connotado abogado de la ciudad de Chetumal, quien participó de manera activa en el diseño de las modificaciones legales relacionadas con la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción.

También ha sido propuesto para diversos cargos, entre ellos para la propia Fiscalía General del Estado.

En lo que respecta a Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo, es la actual vice fiscal general de la FGE, además de haber sido anteriormente juez en la zona norte del estado.

En 2011 fue sujeta a una suspensión e investigación por parte del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial por haber sido señalada de presuntos actos de corrupción, entre los que estuvieron la liberación de Nahúm Fuentes Rivera, alías “El cuatro”, que fue relacionado en su momento con el crimen organizado, bajo el argumento de desvanecimiento de pruebas.