Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) remitió al Poder Legislativo la documentación faltante de los integrantes de la terna para el Fiscal Anticorrupción, solicitada por los legisladores locales.

Miguel Ángel Pech Cen, titular de la FGE confirmó que en el caso de Raúl Ojeda González y Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo se enviaron los originales de los documentos requeridos.

También te puede interesar: Analizan perfiles de candidatos a Fiscal Anticorrupción

“Se mandaron las copias, ellos querían cotejar ciertos documentos originales para que también su jurídico lo pudiera corroborar y se envió”, señaló el Fiscal.

No obstante, en el caso de la primera candidata de la terna, Joana María Guadalupe Gutiérrez Martínez, dijo que únicamente se hizo una aclaración jurídica, porque se trata de un requisito que debió estar satisfecho desde un principio.

“No es posible requerir la acreditación de 10 años de una cédula profesional que es un duplicado, porque la fecha del duplicado no hace las veces de la expedición original. Se hizo esa aclaración jurídica para que sea tomada en cuenta”, aclaró Pech Cen.

De esa manera, la Fiscalía General del Estado espera que la terna enviada el pasado 2 de septiembre quede firme, y que su análisis sea retomado en breve por la Legislatura.

De acuerdo con los artículos transitorios de la reforma constitucional en materia de Combate a la Corrupción, el 15 de septiembre vence el plazo para que el Congreso Local designe al titular de la Fiscalía Anticorrupción.

El nombramiento será por parte del pleno, mientras que el análisis de las los perfiles de las propuestas se encuentra en las comisiones unidas de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos y la de Justicia, encabezadas por Mayuli Martínez Simón y Carlos Mario Villanueva Tenorio, respectivamente.

Según la programación, se espera que este lunes las comisiones unidas retomen los trabajos y determinen, si quedan satisfechas las observaciones.

El Fiscal Anticorrupción estará en el puesto por un periodo de siete años y se encargará de investigar y llevar ante la justicia a aquellos servidores públicos y particulares que incurran en actos de corrupción.