Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La Fiscalía General del Estado cerró 2017 con cinco nuevas recomendaciones por tortura, derivadas de expedientes atendidos por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo).

En los últimos dos años, la instancia suma ochos recomendaciones del organismo estatal en las cuales se le ordena el inicio de procesos penales y las sanciones legales en contra de los elementos involucrados, aunque hasta la fecha, la Comisión no ha sido notificada de alguna resolución al respecto.

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Las últimas dos recomendaciones fueron emitidas apenas en diciembre pasado, en contra de agentes de la FGE, cuyos actos fueron acreditados según las investigaciones del organismo estatal.

Se trata de los expedientes CDEHQROO/013/2017/II y CDHEQROO/017/2017/III de fecha 6 de diciembre y 21 de diciembre, respectivamente.

En la primera se señalan a dos agentes de la Policía Judicial, actualmente de la Policía Ministerial asignadas a la Vice Fiscalía de la Zona Norte del Estado, contra quienes se solicitaron la determinación correspondiente a las averiguaciones previas abiertas.

De acuerdo con la investigación, la víctima fue detenida en el estado de Veracruz, hasta donde los agentes de Quintana Roo acudieron para trasladarlo a la ciudad de Cancún, pero en lugar de llevarlo a los separos lo mantuvieron en una oficina, donde fue sujeto a golpes y tortura.

En el segundo expediente son señalados nueve agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes presuntamente participaron en actos de tortura contra una persona, misma que fue detenida en la zona de playas de la ciudad de Playa del Carmen y posteriormente trasladada a varias casas.

En su denuncia, la víctima señaló que los agentes le pusieron bolsas de plástico con chile en la cara y le dieron descargas eléctricas. Además dijo que los agentes lo golpearon con sus armas de fuego y amenazaron con degollarlo.

Recientemente la FGE creó la unidad especial para dar seguimiento a los casos de tortura, derivado de una reforma local que ordenó la obligación de contar con un área específica.