Piden garantizar magistrados limpios en Tribunal Administrativo

Tres fueron nombrados en la administración pasada y ligados a Roberto Borge Angulo.

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En junio de 2016, la XIV legislatura aprobó la designación de los integrantes del Tribunal de Justicia administrativa. (Joel Zamora/SIPSE)
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Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo deberá ser integrado por magistrados limpios y de buena reputación y que no hayan formado parte del grupo que intentó, a toda costa, un blindaje para el ex gobernador, Roberto Borge Angulo, consideró Juan Carlos Pallares Bueno, actual presidente del PAN.

De acuerdo con la información recabada, los tres personajes que fueron designados en su oportunidad como magistrados, en los últimos meses de la Administración anterior, como parte del llamado paquete de impunidad, buscan nuevamente pertenecer a ese Tribunal.

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Se trata de Jorge Herrera Aguilar, Minerva Maribel Moreno Cruz y César Cervera Paniagua, a quienes los anteriores diputados nombraron como integrantes del TJA, pero sus nombramientos quedaron sin efectos tras una acción de inconstitucionalidad.

Pallares Bueno señaló, que si bien, la convocatoria no limita la participación, se trata de personajes que fueron designados en su momento de forma ilegal, e identificados con el paquete de impunidad del ex gobernador.

“Socialmente hablando, ni siquiera deberían intentarlo, con el afán de abonar a la apertura y transparencia sí, pero a eso de que sean elegidos, lo veo muy difícil. El llamado a los diputados es que tengan mucho cuidado a la hora de escoger”, mencionó.

Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión dijo que el Congreso se ajustará a lo que establece la legislación local, además de que el Ejecutivo será el que al final integre las binas para la designación de los magistrados.

En junio de 2016, a tres meses de la salida del ex gobernador Borge Angulo, la XIV Legislatura, sesión en hotel de la zona norte, donde aprobó la designación de los integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa.

La Procuraduría General de la República promovió acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que en julio de ese mismo se dejó sin efecto los nombramientos.

En el caso de Jorge Herrera Aguilar, se desempeñó como Director Jurídico del Congreso y actualmente funge como asesor de Miguel Ramón Martín Azueta, jefe de la Oficina del Ejecutivo.

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