La criminalización del aborto continúa en Quintana Roo, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que es inconstitucional vincular a las mujeres a proceso por interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas.

Yunitzilim Rodríguez Peraza, profesora en Derecho Penal e integrante de la Red Feminista de Quintana Roo, puntualizó que en el último mes han tenido que brindar asesoría jurídica y defender a dos menores de edad, una de Solidaridad y otra de Bacalar, porque se les abrió una carpeta de investigación por decidir abortar.

De acuerdo con los números de la organización, al menos 40 mujeres al mes solicitan el acompañamiento de la Red Feminista de Quintana Roo en busca de concretar un aborto, con el riesgo de ser criminalizadas.

Ante esa situación, la Red Feminista Quintanarroense presentó este viernes una nueva iniciativa ciudadana para modificar el Código Penal del Estado, a fin de que se despenalice el aborto en el Estado.

Yunitzilin Rodríguez Pedraza, integrante del colectivo, explicó que a diferencia de la propuesta que presentaron hace tres años, la cual fue rechazada por la XVI Legislatura, en esta ocasión lo que se solicita es que la norma estatal se armonice con el precedente establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 7 de septiembre.

“Si bien es cierto que este precedente nos protege de no ser sancionadas, sea penado o no el aborto, es necesario que el Código Penal esté acorde a la resolución, reformando su artículo 97, para no tener que acceder a vías jurisdiccionales para que se respete nuestro derecho a decidir”, declaró la activista y también profesora de Derecho de la Universidad de Quintana Roo.

Declaró que hasta el momento, las organizaciones feministas han descartado tomar de nuevo las instalaciones del Poder Legislativo, tal como lo hicieron hace un año, como una forma de presión para que los diputados locales analicen este tema.

Al respecto, el Poder Legislativo emitió un boletín oficial a través del cual informaba que la Oficialía de Partes verificará que esta iniciativa ciudadana cumple con los requisitos legales, para después ser leída ante el Pleno de la XVI Legislatura y a su vez, sea turnada a las comisiones ordinarias correspondientes para su estudio, análisis y posterior dictamen.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Eduardo Martínez Arcila, coincidió en que el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es determinante para abordar este caso, por lo que la práctica del aborto ya no puede constituir un delito, por lo que no se opondrá a una propuesta para despenalizarlo en el Código Penal.

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