Municipios concentran irregularidades en cuentas públicas de 2017

Sobre Benito Juárez pesan la mayoría de las observaciones.

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Manuel Palacios entregó ayer el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2017. (Foto: Joel Zamora)
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Joel Zamora/SIPSE

Chetumal.- Ocho municipios de Quintana Roo concentran el mayor monto de presuntas irregularidades detectadas en las cuentas públicas 2017, con 205.8 millones de pesos de los 483.8 millones pendientes por solventar, según el informe entregado ayer al Congreso Local.

Manuel Palacios Herrera, Auditor Superior del Estado de Quintana Roo, reveló que se trata de los Ayuntamientos de Benito Juárez, Puerto Morelos, Cozumel, Tulum, Othón P. Blanco, Lázaro Cárdenas, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto.

De estos, el mayor número de observaciones fueron dirigidas hacia Benito Juárez y Puerto Morelos, donde la auditoría detectó irregularidades en materia de impuesto predial, sobre todo en una serie de cancelaciones que se realizaron y que deben ser aclaradas.

“Al realizar la fiscalización pudimos identificar una serie de recibos cancelados y no el soporte documental del por qué se canceló, en fechas posteriores. Primero el ingreso se capta, pero no se registra contablemente”, dijo.

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El titular de la Aseqroo se reunió ayer con legisladores de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso del Estado, para entregar el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2017.

En las entregas individuales hacia estos entes, desglosadas en tres entregas, la Aseqroo emitió 511 recomendaciones y 300 pliegos de observaciones, por un monto global de 958.7 millones de pesos, de los cuales, 474.7 millones fueron aclarados mediante la entrega de la documentación correspondiente y otros 108.9 mil pesos fueron reintegrados.

Los otros 483.8 millones no han sido solventados por los entes fiscalizables, principalmente los municipios.

Todos ellos tienen 30 días para resolver las observaciones, de no ser así, podrían ser denunciados ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) o la Fiscalía General del Estado (FGE), dependiendo de la gravedad de las irregularidades.

En las próximas fechas, los legisladores de la Comisión de Hacienda deberán revisar cada uno de los informes y emitir un dictamen que será sometido, en su momento, ante el pleno del Congreso.

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