Joel Zamora/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Cincuenta denuncias que se presentaron en contra de funcionarios de la administración pasada, incluida la del exgobernador Roberto Borge Angulo, no han prosperado debido a que la federación no ha sido muy consistente en su actuación declaró  Rafael Del Pozo Dergal, Secretario de la Contraloría del Estado, durante su comparecencia ante diputados de la XV Legislatura derivada del Segundo Informe de Gobierno de Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador de Quintana Roo.

El contralor dijo lo anterior ante la pregunta expresa del presidente del presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado de Quintana Roo, Eduardo Martínez Arcila, sobre el seguimiento de las denuncias de la pasada administración.

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“Les han dado el cariz de ejercicio irregular de la función pública, cuando hemos denunciado delincuencia organizada, lavado de dinero y algunos otros delitos de ese nivel; nos parece que no se han atendido con la claridad, no ha sido acorde con la evidencia  que se ha presentado”, señaló Del Pozo Dergal.

Además apuntó que el sistema penal tiene un problema con el que la contraloría tiene que lidiar, al igual que los fiscales y los jueces, debido a que no está respondiendo para atacar el fenómeno de la impunidad como debería de hacerse.

Por aproximadamente dos horas, el contralor fue cuestionado además de temas acerca de la digitalización de trámites, como uno de los retos que está por enfrentar la contraloría para este ejercicio fiscal, debido a un rezago importante de cédulas validadas mediante trámites que realizan los mismos entes gubernamentales.

Funcionarios sancionados

El contralor de Quintana Roo detalló que de 458 expedientes iniciados a través de la Secretaría de la Contraloría de la administración actual, se han sancionado económicamente a 87 funcionarios por un monto global que supera los 13 millones de pesos.

Se trata de responsabilidades administrativas en el ejercicio de sus funciones.

En el primer año de la administración actual, se logró sancionar a 14 funcionarios, de los cuales se logró una amonestación pública, cinco suspensiones del cargo con remuneración correspondiente, cuatro sanciones económicas y cuatro inhabilitaciones. El monto de dichas sanciones fue de 562 mil 260 pesos.

Para el segundo año de gobierno, la contraloría estatal logró captar un monto de 12 millones 811 mil 404.59 pesos, derivado de 27 sanciones económicas, además hubo suspensión al cargo de 11 funcionarios; 31 inhabilitados, una amonestación pública y tres destituciones, dando un total de 73 sanciones.

Del Pozo Dergal dijo que en toda la administración pasada, durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, se iniciaron un total de 84 expedientes por responsabilidades; sin embargo, para esta administración aumentaron considerablemente, derivado de las auditorías y revisiones que se han realizado en los entes gubernamentales.

Entre los años 2011 y 2016 se registraron 78 sanciones, de las cuales 31 fueron amonestaciones, 30 suspensiones, una destitución, cuatro funcionarios inhabilitados, siete sanciones económicas, así como cinco sanciones privadas.

Apuntó que estas multas no son consideradas como reparación del daño, debido a que la dependencia no tiene atribuciones para este efecto, sino para recuperar por la vía administrativa y que finalmente quede resarcido el daño causado.