Quintana Roo aún presenta rezagos en su marco legal y políticas públicas en materia de protección a víctimas de tortura y desapariciones forzadas, lo cual provoca que puedan pasar años sin que obtengan justicia.

Así lo advierte el Informe Situacional de los Derechos Humanos 2021: Una Radiografía Estatal, realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde se detalla que Quintana Roo tiene pendientes estos puntos desde 2010.

El documento detalla que el estado caribeño apenas tiene un avance de 52% en cuanto a la armonización de sus disposiciones jurídicas que garantizan la protección contra la desaparición forzada.

Este tema es importante, considerando que en el estado caribeño se tiene un registro de 69 menores de edad desaparecidos, así como de 421 personas que aún no regresan a casa, y de las que se considera fueron secuestradas o cayeron en una red de trata.

Las víctimas de tortura en el estado

En una situación similar se encuentran las víctimas de tortura. En este tema Quintana Roo no sólo registra un avance de 32%, el menor reportado a nivel nacional, sino que además son las propias autoridades las acusadas de esta agresión a los derechos humanos del ciudadano.

“La Fiscalía en Delitos contra la Tortura, debe dotarse de los recursos y atribuciones para que se cree una Fiscalía especializada con plena autonomía técnica y operativa para la investigación y persecución de los delitos dentro de la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado”,

señala el documento.

De acuerdo con la CNDH, entre 2015 y 2020 se abrieron 157 expedientes en contra de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y elementos de las diferentes corporaciones de Seguridad Pública, acusados de torturar a testigos y sospechosos.

Cumple con sólo 10% de las recomendaciones

De estas investigaciones se emitieron 78 recomendaciones para que los funcionarios y dependencias reparen el daño de las víctimas. Sólo fueron cumplidas a cabalidad el 10% de ellas.

“Nuevamente lo que falta es una Fiscalía Especializada con plena autonomía técnica y operativa para la investigación y persecución de estos delitos perpetrados por la propia autoridad”.

Sobre la Constitución del Estado de Quintana Roo, reporta un avance del 90.91% de armonización en las disposiciones jurídicas con respecto a la Reforma Constitucional de 2011.

Para el organismo federal, tal armonización contribuye a garantizar el respeto, reconocimiento y promoción de los Derechos Humanos. 

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