Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Mauricio Rodríguez Marrufo, quien abandonó esta semana la cárcel, no estaría impedido para ocupar algún cargo en el servicio público, toda vez que hasta la fecha no existe una inhabilitación como tal, derivada de una sanción administrativa.

Las inhabilitaciones son dictadas mediante un procedimiento por parte de la instancia correspondiente, en este caso, la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo (Secoes).

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Sobre la sentencia que recibió el ex funcionario de Roberto Borge Angulo, Rafael del Pozo Dergal, titular de la Secoes, dijo que se resolvió un tema relacionado con el ámbito penal, donde lo más importante es la recuperación del patrimonio defraudado del estado.

“Es una resolución que manda mensajes positivos a ciudadanos y los propios servidores públicos, en el sentido de que en Quintana Roo cuando se comete una irregularidad habrá una consecuencia. Se acabó los tiempos cuando no había consecuencias sobre los actos”, afirmó.

Sin embargo, en cuanto a una inhabilitación del ex funcionario, reconoció que se debe dar a través de un procedimiento administrativo, el cual también se debe llevar su curso y cumplir con una serie de fases, siempre privilegiando la presunción de inocencia.

“Hay otro ámbito que es el administrativo donde seguimos trabajando, en su momento garantizando la presunción de inocencia de todas las personas de todos los servidores públicos. Como ustedes saben hay resoluciones dictadas, pero no quedado firmes”, destacó el funcionario.

El ex funcionario, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), enfrenta desde abril de este año, antes de su detención, una solicitud de expulsión de las filas de ese partido; sin embargo, para algunos militantes, está siendo protegido al interior del PRI.

Para el promotor de la solicitud de expulsión, la principal protectora es Judith Rodríguez Villanueva, actual directora jurídica del PRI y secretaria de la Comisión de Justicia Partidaria de ese partido político.

Rodríguez Marrufo confesó haber incurrido en el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública, además de pagar 39.7 millones de pesos del daño causado al estado.