A casi tres años de su creación y tras haber ejercido 120 millones de pesos en presupuesto, el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) aún enfrenta un significativo rezago en la regulación del servicio del transporte público, además de un nulo avance en el diseño de estrategias para eficientar el tránsito en las principales ciudades del Estado.

Así lo señalaron diputados de la XVI Legislatura del Congreso del Estado, durante la comparecencia del titular del organismo, Jorge Pérez Pérez, ante el Congreso local.

Los legisladores puntualizaron que el Imoveqroo se ha centrado únicamente en “cazar” y sancionar unidades del transporte público, en lugar de realizar los cambios necesarios para facilitar la movilidad de ciudades que tienen problemas de tránsito, como Cancún y Playa del Carmen.

Fue la diputada Érika Castillo Acosta, presidenta de la Comisión Legislativa de Movilidad, quien hizo hincapié en que el Imoveqroo ha operado más como un ente recaudatorio, enfocado en imponer multas a los concesionarios transportistas, en lugar de servir al principal propósito de su creación, como lo es realizar estudios y gestiones para establecer sistemas de transporte más económicos.

Además de evitar la saturación de unidades de taxi y de autobús en las grandes urbes, diseñar estrategias de Movilidad que favorezcan al transeúnte, personas con discapacidad y medios alternativos de transporte, así como coadyuvar con los diferentes Ayuntamientos para modificar las rutas, señalamientos, caminos y demás elementos de la vía pública.

“Por eso el usuario hoy permanece olvidado para el Instituto de Movilidad. Y por esta misma razón habitantes de Cancún siguen tardando hasta una hora y media en el trayecto de viaje desde su casa hasta su lugar de trabajo, porque no se han preocupado en realizar las adecuaciones necesarias para evitar los cuellos de botella en las horas pico, rutas más efectivos, etc”, declaró la legisladora.

Por su parte el diputado Edgar Gasca puntualizó que el Imoveqroo aún no ha resuelto el problema de las 60 concesiones de taxi que desde hace tres años no se han entregado a los trabajadores taxistas, quienes aún operan con permisos provisionales, generando con ello obstáculos para realizar varios trámites, como la designación de un beneficiario, pues no cuentan con un documento formal que estipule que la unidad de taxi les pertenece.

“Y mientras que a este grupo de taxistas se les tiene esperando por años regularizar su situación, por el otro lado tenemos el problema latente de mil 208 concesiones de carritos de golf que operan en Isla Mujeres, lo que ha provocado una saturación del servicio en una demarcación de apenas siete kilómetros de largo”, dijo el legislador de Morena.

En respuesta, el titular del Imoveqroo, Jorge Pérez Pérez, justificó su actuar argumentando que el instituto es de reciente creación, y aún no estaba debidamente establecido cuando le tocó enfrentar la actual pandemia, por lo que tuvo que centrar todos sus operativos en vigilar que las unidades de transporte respeten las medidas sanitarias.

También declaró que el presupuesto con el que cuentan es insuficiente para resolver los problemas de movilidad en el Estado, pues para ello necesitan costear estudios que pueden llegar a costar varios millones de pesos, aunque no dio una cifra exacta de cuál sería el presupuesto ideal que necesita el Imoveqroo para ello.

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