Los Servicios Estatales de Salud siguen sin dar fecha para aplicar la dosis contra el COVID-19, al menor chetumaleño que se amparó para ser vacunado, incumpliendo con el mandato judicial que fijó como fecha límite el pasado 20 de octubre para dar por terminado este trámite.

Andrés Blanco Cruz, representante legal del menor, explicó que por este motivo presentaron un nuevo oficio ante el Juzgado Sexto de Distrito con Sede en Chetumal este miércoles, para que la autoridad judicial realice los procesos correspondientes en contra de la dependencia estatal.

“Lo que hizo la Secretaría de Salud fue cumplir a medias, informando el 26 de octubre que ya realizó la primera parte de la resolución del juez, que estipulaba la valoración médica del menor de edad para saber si era o no posible su vacunación, concluyendo que sí era viable, pero no dio fecha de cuándo le aplicarán la dosis; a pesar de que tenía 24 horas para hacerlo, de acuerdo a la segunda parte del resolutivo del juzgado”, declaró.

Agregó que la intención de la SESA es dilatar lo más posible este proceso, aunque al hacerlo está incurriendo en desacato que podría derivar en una sanción administrativa en contra del Instituto.

Recordó que al menos otros 100 menores de edad de la entidad han interpuesto amparos similares para acceder a la vacuna contra el COVID-19, por lo que si las autoridades de salud locales aplican los mismos obstáculos a todos ellos, su situación jurídica podría complicarse.

Lamentó las recientes declaraciones del delegado de la Secretaría de Bienestar en Quintana Roo, Arturo Abreu Marín, respecto a que los adolescentes amparados tendrán que esperar su turno hasta que termine la inoculación de los menores que sí presentan algún riesgo de comorbilidad.

“Tanto el Gobierno Federal como las autoridades sanitarias locales tienen que entender que los juzgados fueron muy claros al respectos: deben vacunar a los menores de edad que ya tuvieron resuelto su amparo lo más breve posible. Se trata de un mandato judicial que no debe ser ignorado, porque incluso se establece una fecha límite, que en el caso de mi representado, venció desde el pasado 20 de octubre”, detalló Andrés Blanco.

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