Hallan culpable a padre desobligado; dejó de dar pensión durante 7 años

Determinarán el 16 de marzo las sanciones a imponer al acusado

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No pagar la pensión alimenticia de sus hijos, los llevo ante las autoridades. (Foto de contexto)
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MÉRIDA, Yucatán.- El Tribunal Segundo de Juicio Oral halló culpable a Rodolfo de Jesús Dzul Baas del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, por dejar de pagar la pensión alimenticia a favor de sus dos hijos menores de edad, desde marzo de 2015, es decir, durante 7 años.

En audiencia sobre el caso, los integrantes del Tribunal Segundo decretaron el citado fallo en el Juicio Oral donde se comprobó la plena responsabilidad en el delito referido.

De acuerdo con la investigación de la causa penal 14/2020, el imputado y la denunciante se encuentran casados y tienen dos hijos, pero tras su separación, en marzo de 2015, llegaron a un acuerdo verbal, comprometiéndose el imputado al pago semanal de mil pesos, pero solo cumplió el primer mes, por lo que fue denunciado penalmente.

Al finalizar se fijó la audiencia de alegatos únicos para el próximo día 16, en la que se determinarán las sanciones a imponer al acusado.

Vinculan a proceso a otro

En otro caso, la Fiscalía General del Estado presentó los datos de prueba que permitieron al juez primero de control de Mérida, Antonio Bonilla Castañeda, vincular a proceso a Sergio Idelfonso "N", acusado del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, denunciado por no proporcionar la pensión alimenticia de su hija menor de edad.

Tras la denuncia interpuesta, la investigación realizada por los especialistas de la Fiscalía estableció que el encausado y la denunciante procrearon una hija, pero tras su divorcio, se emitió un acuerdo de pago provisional de manutención por tres mil pesos, pero el imputado promovió un recurso de revocación y la cantidad fue ajustada a dos mil pesos y no cumplió, por lo que se interpuso la denuncia correspondiente que derivó en la causa penal 50/2022.

En la audiencia realizada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, los fiscales de litigación formularon la imputación del delito, para después exponer los datos de prueba y solicitar se resolviera la situación legal del encausado, quien estuvo de acuerdo en definir su situación jurídica.

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