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CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirma que las autoridades de los tres órdenes de gobierno incumplieron con su deber de prevenir, investigar y sancionar los crímenes contra periodistas, lo cual generó un alto índice de impunidad.

De las 176 averiguaciones previas por distintos delitos en contra de periodistas según la Recomendación General 24 de 2016 de la CNDH, sólo en 10 por ciento de los casos hubo una sentencia condenatoria, mientras en el 90 por ciento restante impera la impunidad.

En los casos de desaparición de periodistas y atentados contra instalaciones de medios informativos, la impunidad es del 100 por ciento.

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La CNDH demandó que las autoridades en turno, así como las que tomarán posesión el próximo 1 de diciembre, prevengan los crímenes contra periodistas y comunicadores, además cuando ocurran, se realicen investigaciones exhaustivas y efectivas que tomen como principal línea en sus indagatorias a la labor periodística de las víctimas.

Desde 2000 se han perpetrado 140 homicidios de periodistas, 21 periodistas se encuentran desaparecidos desde 2005 y se han cometido 52 atentados contra instalaciones de medios de comunicación desde 2006.

Más de la mitad de los asesinatos se concentran en cinco entidades: Veracruz con 22, Tamaulipas y Guerrero con 16 cada uno; Oaxaca con 15 y Chihuahua con 14.

El 2 de noviembre se conmemora el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, sin embargo, la CNDH señala que en los casos de agravios a periodistas se debe poner en el centro a la libertad de expresión e investigar con perspectiva de género, estandarizar los protocolos, criterios ministeriales de investigación y mejora en los servicios periciales, promover la legislación en materia de protección a periodistas, crear mapas de riesgo; concientizar a personas del servicio público y a la sociedad sobre la importancia de la libertad de expresión en la democracia y el respeto que merece la opinión de los demás.

El organismo enfatizó que la impunidad genera miedo, autocensura y desconfianza entre los comunicadores e invita a las agresiones contra quienes ejercen el periodismo, por lo cual las fiscalías y procuradurías deben garantizar que ningún agresor quede sin castigo.