Este miércoles, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló a la prensa que se interpondrán denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar casos de corrupción y posibles irregularidades detectadas en el Infonavit.

De acuerdo con la mandataria, se le ha instruido al director del Infonavit, Octavio Romero, a ponerse de acuerdo con la Consejera Jurídica para las denuncias.

"Ayer le di la instrucción al director del Infonavit para que se pusiera de acuerdo con la Consejera Judírica, porque vamos a presentar denuncias penales ante la Fiscalía".

En tanto, Romero, reveló que desarrolladores privados de vivienda adeudan más de mil 900 millones de pesos a la institución, por financiamientos que les fueron entregados desde el sexenio de Enrique Peña Nieto.

🔴 Sheinbaum afirma que presentarán denuncias ante la @FGRMexico por casos de corrupción en el @Infonavit

La presidenta @Claudiashein también señaló que la reforma a la Ley del Infonavit busca erradicar las prácticas de corrupción y garantizar que los trabajadores reciban… pic.twitter.com/G38thuqfzA

— Político MX (@politicomx) January 8, 2025

El funcionario aseguró que, además de no pagar, las empresas incumplieron con la construcción de cerca del 70 por ciento de las viviendas para las que solicitaron los recursos.

Desde Palacio Nacional, también denunció que el Infonavit contrató a administradoras para fungir como intermediarias, pero nunca ejercieron sus obligaciones en materia de supervisión.

Además, la mandataria informó que se presentarán denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Al presentar un informe, Romero destacó un caso concreto de corrupción vinculado a una Sofom liderada por una representante del sector empresarial. Esta persona, además de encabezar la Sofom, forma parte de la Asamblea del Infonavit, donde ha recibido pagos millonarios sin declarar conflictos de interés.

Romero ilustró los casos de corrupción con dos ejemplos específicos: el Fondo de Estímulo a la Redensificación y Ubicación de la Vivienda y el Proyecto Crédito Integral Total.

Caso 1: Fondo de Estímulo a la Redensificación

El fondo fue propuesto por la Dirección Sectorial Empresarial y aprobado sin evaluación previa. A propuesta del sector empresarial, el Consejo de Administración del Infonavit destinó una bolsa de 3 mil millones de pesos para construir 8 mil 800 viviendas con 76 empresas desarrolladoras. Sin embargo:

• 18 desarrolladoras acumulan deudas por 962 millones de pesos.
• 700 viviendas permanecen inconclusas, algunas desde 2013.

Caso 2: Proyecto Crédito Integral Total

Este proyecto, promovido por la Dirección Sectorial de Trabajadores, aprobó créditos para 9 mil 400 viviendas. Pero los resultados fueron alarmantes:

• 13 desarrolladoras deben más de mil millones de pesos, incluyendo intereses.
• 7 mil 369 viviendas, equivalentes al 75%, no fueron construidas.

Supervisión y uso de intermediarios

Romero destacó que el Infonavit cuenta con la capacidad de supervisar proyectos y administrar recursos directamente. Sin embargo, el Consejo de Administración aprobó mecanismos para canalizar fondos a desarrolladores a través de una Sofom, un intermediario financiero no regulado. 

Esto se justificó bajo la premisa de mejorar la supervisión, pero tal monitoreo nunca se realizó.

Balance general: 2014 a la fecha

Entre 2014 y la actualidad, las Direcciones Sectoriales Empresarial y de Trabajadores han presentado y aprobado 834 proyectos de construcción:

• 305 proyectos corresponden a la Dirección de Trabajadores.
• 529 proyectos son de la Dirección Empresarial.

En total, se planeó construir 142 mil 685 viviendas, pero los resultados son decepcionantes:

• Solo 34 mil 892 viviendas (24%) fueron concluidas y entregadas.
• 6 mil 950 viviendas (5%) están en construcción.
• 100 mil 834 viviendas (71%) no han comenzado.

Además, de las viviendas entregadas, muchas carecen de servicios básicos y presentan defectos ocultos.

El director del Infonavit sostuvo, además, que las declaraciones patrimoniales de las direcciones de los sectores de Trabajadores y Empresarial no pueden ser fiscalizadas por la Auditoría Superior de la Federación ni por la Secretaría de la Función Pública.

Con información de Reforma