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CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunciaron contra el dictamen de la Ley de Seguridad Interior, aprobado en la Cámara de Diputados y turnado al Senado para ser discutido este martes, pues coincidieron en que genera la posibilidad de vulnerar las garantías fundamentales de los ciudadanos.

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De acuerdo con Proceso, en un comunicado, el organismo internacional expresó su preocupación por el proyecto de ley, al considerar que “contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos”, y que significaría la “normalización, regulación y la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”.

Dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), recordó que la experiencia regional es que la intervención castrense en tareas de seguridad interna, “viene acompañada de violencia y graves violaciones a derechos humanos”.

La CIDH insistió en que el Estado “debe evitar la militarización de la seguridad pública, adoptar medidas necesarias para fortalecer la policía y garantizar un sistema de justicia autónomo e independiente”.

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Además, recordó que, en su visita en 2015, “constató con preocupación la presencia de las fuerzas armadas en actividades de seguridad ciudadana y mayores violaciones a los derechos humanos como consecuencia, incluyendo casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada, así como mayores niveles de impunidad”.

El organismo destacó que, entre las recomendaciones a México en el informe de país en 2015, estaba el “desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías civiles” a la par con el fortalecimiento de la capacidad de la policía para realizar tareas de seguridad pública.

Al destacar que la ausencia de castigo a abusos de personal castrense en México “agudiza la preocupación” de la CIDH, el organismo regional recordó que ha alertado sobre la urgencia de plantear la separación entre “la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones sustancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación”.

La CIDH explicó que “la distinción entre las funciones que le competen a las fuerzas armadas, limitadas a la defensa de la soberanía nacional y las que les competen a las fuerzas policiales, como responsables exclusivas de la seguridad ciudadana, resulta un punto de partida esencia que no puede obviarse en el diseño e implementación de esa política pública”.

Las obligaciones asumidas por los Estados, reiteró, “exigen política pública sobre seguridad y combate al crimen que prioricen del funcionamiento de una estructura eficiente”, mismo que “debe garantizar a la población efectivo ejercicio de los derechos humanos relacionados con la prevención control de la violencia y el delito, incluido el crimen organizado”.

El organismo exhortó al Estado mexicano a reafirmar “su compromiso con los derechos humanos atendiendo las recomendaciones y los llamados de las organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de organismos internacionales”.