Ciudad de México.- Un Juez de Segundo Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales del estado de Chiapas, concedió la suspensión definitiva del Tramo 1 del Tren Maya a las comunidades Ch’ol de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo.

Por medio de un boletín de prensa, la Asociación Civil Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos informó que varias comunidades del pueblo Ch’ol obtuvieron la suspensión definitiva contra la construcción del Tramo 1 del Tren Maya, que va de Palenque a Escárcega.

En el comunicado, firmado también por las comunidades Ch´ol de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, se indicó que este proceso se logró con el Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales del estado de Chiapas.

“Existe una obligación tanto del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) como de las empresas ganadoras de la licitación en ese tramo de detener todo trabajo correspondiente a cualquier obra que no sea la del mantenimiento de las vías ya existentes, hasta en tanto el juicio de amparo no sea resuelto”, explicaron.

El 7 de mayo, integrantes de varias comunidades Ch’ol, presentaron una demanda de amparo en contra del Presidente de la República, del Secretario de Salud Federal y del Director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), por la decisión de continuar con el proyecto del “tren maya”, a pesar de la pandemia derivada del Covid-19.

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En dicho amparo se argumentaron violaciones a su derecho a la salud, así como afectaciones ambientales y a sus derechos como comunidades indígenas.

El día de ayer, 22 de junio, después de haber diferido 5 veces la audiencia incidental por la negativa de FONATUR a proveer la información que le requería el Juzgado, la Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales del estado de Chiapas determinó conceder la suspensión definitiva a los integrantes de las comunidades Ch’ol.

“El proyecto denominado Tren Maya es ilegal y carece de sustento legal, como por ejemplo la ausencia de manifestación de impacto ambiental, así como irregularidad en el proceso de las licitaciones, además de violaciones a derechos de los pueblos originarios”.

Por esta razón –afirma el comunicado- los integrantes de las comunidades han determinado ampliar la demanda de amparo señalando estas violaciones, lo que obligará al Poder Judicial Federal a analizar el fondo del proyecto a partir de lo reclamado por dichas comunidades.