Desmienten extorsión a usuarios del Infonavit

El empresario a quien señalan como cabeza del problema interpone una queja ante Derechos Humanos.

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Alejandro Escamilla Alvear, empresario de origen guanajuatense, presta sus servicios al Infonavit. (SIPSE)
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SIPSE.com
MÉRIDA, Yuc.- El empresario Alejandro Escamilla Alvear desmintió la versión de que autoridades federales lo acusan de encabezar una red de extorsión y lavado de dinero contra derechohabientes del Instituto del Fondo de Vivienda para los Trabajadores del Estado (Infonavit).

En visita a la Redacción de Milenio Novedades y SIPSE.com, aseguró que, tras la publicación de la nota, acudió a la delegación Guanajuato de la Procuraduría General de la República (PGR) para que le informaron de alguna acusación formal en su contra.

Ahí -dijo- se entrevistó con el subdelegado Jesús Vega Romero, quien le aseguró que no había ninguna denuncia por extorsión o 'lavado' de dinero en su contra.

El pasado 19 de diciembre, se publicó que autoridades federales investigan en Sinaloa una nueva modalidad de extorsión y 'lavado' de dinero del crimen organizado. En esa entidad un grupo armado intimida y obliga a derechohabientes de Infonavit y Fovissste que tienen rezagos en sus pagos a vender sus viviendas, que luego son revendidas en efectivo a una red de notarios.

Agrega que “el presunto líder de esta célula es Alejandro Joel Escamilla Albear (sic), quien se encarga de la de compraventa de los inmuebles, usando identificaciones apócrifas”.

En la entrevista con Milenio Novedades, Escamilla Alvear dijo que, por la publicación, interpuso ya una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, que quedó asentada en el expediente 382/2013-A.

Se defiende públicamente

El empresario inmobiliario dijo que esa publicación le causó problemas, ya que el Infonavit, sin previa investigación de la autoridad correspondiente, le suspendió y bloqueó sus funciones y obligaciones contractuales.

Según detalla en un correo electrónico dirigido al contralor del Infonavit, Alberto Islas Torres, y a Alain Jaubert Luengas, "el pasado 19 de diciembre del presente, en horario aproximado a las 12:00 horas, hora de Baja California, el personal a mi cargo acudió a las oficinas de Mexicali y Tijuana y nos informaron de manera verbal que no podían hacer ningún tramite ya que estábamos suspendidos de todas nuestras funciones con el Infonavit, como pagos, firmas, inscripciones, etcétera, sin dar ninguna explicación.

"La Notaría No.5 de Mexicali también fue notificada de dicho bloqueo y suspendió las firmas de escritura que se tenían programadas; solicitamos una explicación y nos fue negada, solo se nos dijo que por instrucciones de Contraloría. 

"Horas más tarde personal que labora conmigo me informa que la suspensión es por una nota que salió publicada en Internet en donde se menciona mi nombre y me envían un link donde la empresa Sipse.com subió a su portal, a las 1:12 pm, hora de México, una nota periodística. En dicha publicación no viene el nombre de quién según la realizó, mi nombre fue escrito con falta ortográfica en mi segundo apellido, solo dice que proviene de Milenio. Hasta el momento hemos realizado una investigación en los medios de mayor circulación en el país y no existe un impreso sobre esta nota, ademas este portal su sede es en la ciudad de  Mérida, Yuc.

"De manera responsable acudí a las oficinas de la Procuraduría General de la República en León, Guanajuato, ciudad donde resido, y me entrevisté directamente con el subdelegado de la PGR, Jesús Vega Romero, a quien le enseñé la nota publicada y le manifesté la intención de iniciar un averiguación previa para dar con el responsable de dicha publicación. Después de una indagatoria y darme algunos consejos de cómo proceder en estos casos, y al darse cuenta de que la fuente de la nota no es fidedigna, me manifestó que es obvio que esta nota fue creada para afectar mis intereses contractuales con el Infonavit, por lo cual demandara también en materia civil el daño y los perjuicios ocasionados.

Derechohabientes afectados

"El 23 de diciembre del año en curso presenté una queja ante la Subprocuraduría de los Derechos Humanos con el número de expendiente-382/2013-A. En dicha queja hago mención de que esta medida del área de Contraloria del Instituto no nada mas afecta la relación contractual que tengo con el instituto, sino también a un número importante de derechohabientes que el día jueves 19 y viernes 20 firmaban escrituras de sus casas y que se quedaron en el aire dichas operaciones, más los pagos por nuestros servicios, ademas de trámites de gestoría, etc. etc.

"Lo reitero, esta medida está afectando seriamente a derechohabientes. La nota de la cual se basan para la suspensión de mis actividades y pagos carece de valor fidedigno. Por lo cual solicito de la manera más atenta se me restablezcan a la brevedad posible todas mis funciones, para poder dar cumplimiento a los contratos con el Instituto y, sobre todo, cumplir con los derechohabientes".

Según Escamilla Alvear, una copia de este texto fue enviado al Lic. Carlos Saúl Mena Carmona, agente investigador encargado del despacho de la Subprocuraduría de los Derechos Humanos, con el fin de que si se restablecen las obligaciones contractuales del instituto para conmigo la queja interpuesta quedará conciliada. Se envió copia también al director de Infonavit para que esté enterado.

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