Agencias
MÉXICO, D.F.- Un juez federal dictó auto de formal prisión contra el ex diputado priista y líder de los transportistas en Michoacán, José Trinidad Martínez Pasalagua, debido a que presuntamente operaba para el líder de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, La Tuta.

La Procuraduría General de la República consignó la averiguación previa contra Martínez Pasalagua por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada en su modalidad contra la salud, de acuerdo con Milenio.

El pasado 22 de julio, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR cumplimentó la orden de aprehensión librada por el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México contra el dirigente de los transportistas; el juzgador consideró que hay elementos suficientes para sujetarlo a proceso penal.

José Trinidad ya había sido retenido en abril del presente año por la PGR, pero fue dejado en libertad bajo las reservas de ley.

Sin embargo, el agente del Ministerio Público de la Federación obtuvo un video en el que se aprecia a un grupo de personas reunidas con La Tuta, entre los que se encontraba Martínez Pasalagua y el ex gobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna García.

Amenazas y presiones

El día de la captura del ex diputado priista, el titular de la AIC, Tomás Zerón de Lucio, informó que cuentan con testimonios que afirman que José Trinidad, en su calidad de líder de transportistas cobraba cuotas a concesionarios de las rutas, quienes debían pagar un monto mensual por permitírseles trabajar.

Los testigos, agregó, lo identificaron como colaborador directo de Servando Gómez, a quien era entregado el monto del dinero; durante al menos ocho años el ex diputado ejerció un fuerte liderazgo en el ramo transportista, llevando a cabo medidas de presión para que se otorgarán concesiones y rutas a personas afines a los intereses de él y de la delincuencia organizada.

Martínez Pasalagua influyó a través de amenazas y presiones, con apoyo de la estructura criminal, para que fueran designados servidores públicos afines a sus intereses en el área del transporte en Michoacán, según las investigaciones de la PGR.