Ciudad de México.- Colectivos de mujeres de México criticaron el miércoles el aumento de las penas a los feminicidas aprobada por la Cámara de Diputados, en medio de una creciente indignación de la sociedad por los recientes y brutales crímenes ocurridos en la capital. Consideran el cambio en las condenas como una medida ineficaz y que no evitará nuevos asesinatos.

“Es populismo penal que no vale para nada y el mensaje es pésimo”, afirmó la abogada Verónica Cruz, de la organización Las Libres, de Guanajuato, en el centro del país, con décadas de experiencia en temas de género.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, celebró al asegurar que “se está haciendo” todo lo necesario para enfrentar este tipo de crímenes.

La decisión de los legisladores se tomó cuando no se habían acabado las exigencias de justicia de la semana pasada por el brutal asesinato y la exhibición del cuerpo de la joven Ingrid Escamilla y un nuevo asesinato impactaba a los mexicanos, el de Fátima, la niña de 7 años que fue secuestrada al salir de la escuela y cuyo cuerpo se encontró días después en una bolsa de plástico.

Distintas organizaciones han insistido en que el gran problema de los feminicidios es la impunidad y la falta de investigaciones confiables, con lo que de poco sirve contar con condenas mayores si la gran mayoría de los responsables no llegan a la cárcel o se les detiene.

Además, el incremento de penas aprobado el martes con 415 votos a favor y uno en contra para subir de 45 a 65 años las condenas por feminicidio --una medida que ahora tiene que revisar el Senado--, no tendrá casi ningún efecto práctico porque la modificación afecta al código penal federal y los feminicidios son prácticamente siempre delitos del fuero común regidos por leyes de cada estado.

“Sólo dan respuesta al tema mediático porque no saben qué hacer”, lamentó Cruz.

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El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, una agrupación de ONGs que trabaja con las autoridades y con cifras oficiales, coincide en la ineficacia de la medida. En un comunicado esta semana dijo que “ha quedado evidenciada la ausencia de una política integral que garantice en México el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” y la “falta de voluntad política” para atajar un crimen que se ha incrementado un 137.5% en los últimos cinco años.

Verónica Cruz subrayó la importancia de la presión social, como la que está teniendo lugar estos días, porque eso obliga a los gobernantes a actuar. Un ejemplo es que la fiscalía capitalina ya ha pedido órdenes de captura contra dos personas aparentemente vinculadas al caso de Fátima, cuando en otros casos pueden pasar años sin que las autoridades ofrezcan siquiera una línea de investigación.

Según explicó el miércoles el vocero de la fiscalía capitalina, Ulises Lara, al inspeccionar una vivienda al sur de la ciudad se hallaron “identificaciones, fotografías, ropa y otros objetos personales” que permitieron identificar a la mujer que se llevó a la pequeña a la salida de escuela y a un hombre aparentemente relacionado.

No obstante, los grupos feministas insisten en que la clave es la prevención y crear políticas públicas que eviten que se asesine a más mujeres, así como castigar la tentativa de feminicidio y la violencia familiar y sancionar tanto a quien no investigue como a quien revictimice.

“Nosotras, los movimientos feministas, también estamos fallando en la narrativa”, agregó Cruz como autocrítica, porque no sólo hace falta que se acredite que existió un feminicidio: también hay que saber por qué sucede, ya que sólo así se podrá avanzar en la prevención.

Mientras continúa el debate, siguen las muertes y las palabras de las autoridades prometiendo justicia: el miércoles las capitalinas hablaban de Fátima, las de Guerrero de otra niña, Jaqueline, asesinada en Coyuca de Benítez y las de Coahuila, en el norte del país, del hallazgo de una bebé cuyo cadáver se localizó en un terreno baldío de la ciudad de Saltillo.