La secretaria de Gobernación de México aseguró el jueves que los ataques en los que han muerto 35 candidatos o aspirantes a nominaciones, y las amenazas que han sufrido otros, no están relacionados en su mayoría con los comicios del domingo.

Olga Sánchez Cordero, la principal funcionaria de seguridad nacional de México, describió los actos de violencia como “hechos o incidentes focalizados”, y aseguró que podrían afectar las contiendas en menos de 10 de los más de 2.500 municipios del país.

La funcionaria dijo que la mayoría de los incidentes están relacionados con disputas por tierras, programas sociales y otros temas comunitarios. Otros —agregó— podrían estar conectados a grupos de presión de agricultores o trabajadores o a organizaciones criminales. Sánchez Cordero afirmó que “la enorme mayoría no tienen relación con el proceso electoral”.

La política opositora Marilú Martínez Núñez, candidata a alcaldesa en el municipio sureño de Cutzamala de Pinzón, estado de Guerrero, fue localizada el jueves luego de que se reportara su secuestro la víspera, anunció el gobernador de esa entidad, Héctor Astudillo.

Sin ofrecer mayores detalles, Astudillo dijo en su cuenta de Twitter que Martínez Núñez, integrante del pequeño partido Movimiento Ciudadano, “se encuentra bien”, y difundió una fotografía de la candidata sentada en una oficina. “Seguiremos haciendo todo lo que nos corresponde para que el proceso electoral se desarrolle lo mejor posible”, agregó.

Según la consultora Etellekt, 35 candidatos o precandidatos han sido asesinados en México en lo que va de la actual campaña electoral.

La mayoría de las víctimas contendían a cargos locales, como alcaldías o puestos en ayuntamientos. Algunos pertenecían a partidos chicos y con pocas posibilidades de ganar.

Sin embargo, los analistas aseguran que los cárteles del narcotráfico pudieron haber atacado a algunos de los candidatos porque amenazaban con quitarles votos a los aspirantes favorecidos por los grupos delictivos.

Los expertos señalan que los grupos criminales a menudo buscan controlar a los gobiernos locales porque les representa una oportunidad para sacar dinero de los presupuestos municipales, identificar a posibles víctimas de secuestro y extorsión, y obtener el apoyo o consentimiento de la policía local.

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