Agencias
MÉXICO, D.F.- El titular de la División de Investigación de la Policía Federal, Damián Canales Mena aseguró que de acuerdo con cifras oficiales del primero de diciembre del 2012 al 18 de octubre del 2013 se han reportado mil 940 secuestros y que esta cifra comparada con 2010, refleja un decremento de 3.48 por ciento de actos delictivos vinculados a la privación ilegal de la libertad.

“De acuerdo a estos datos oficiales del primero de diciembre del 2012 al 18 de octubre del 2013 se han cometido mil 940 secuestros que, comparados al 2010, hay un decremento del 3.48 por ciento”, dijo Canales Mena ante el malestar evidente de Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación civil “Alto al Secuestro”, quien golpeó la mesa y le exigió dar la fuente de sus datos, según publicó Milenio.

El funcionario federal aclaró que aunque sin duda hay “una cifra negra de secuestros” como consecuencia de que no se denuncian y por lo tanto “esos delito no existen para nosotros”, las cifras oficiales conformadas con datos de la Procuraduría General de la República, de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, asimismo, de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), de las unidades antisecuestro y autoridades de procuración de justicia de los estados reflejan que la tendencia de ese delito en el gobierno de Enrique Peña Nieto es hacia la baja.

Y explicó, en la mesa de trabajo “Secuestro en México”, organizada por la UNAM en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que siguen siendo el Estado de México, Morelos, Tamaulipas, Distrito Federal, Veracruz, Michoacán y Guerrero las entidades donde se concentra este tipo de delito y se han detectado diversas deficiencias como falta adecuada de equipo y de personal capacitado en las unidades especiales de antisecuestros.

Cifras triunfalistas

Miranda de Wallace, así como otros representantes de organizaciones civiles, afines reprocharon a Canales Mena difundir datos “privilegiados” a los que no tienen acceso la ciudadanía, que contradicen totalmente los difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y que echan por tierra evaluaciones en las que se establece que durante el 2013 se incrementó este delito en 46.06 por ciento, ubicándose este año como el “peor y más peligroso en la historia de México”.

Pero además algunos panelistas y presentes consideraron absurdo que mientras el titular de la División de Investigación de la Policía Federal “pretende tomarnos el pelo y ofender a la sociedad dando a conocer cifras triunfalistas del secuestro hacia la baja”, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó, en fechas recientes, 105 mil 682 casos de secuestros, incluyendo los plagios exprés, en México durante 2012, lo que representa que cada cinco minutos se comente un delito de esta naturaleza.

A esa cantidad, informaron las ONG que integran el Observatorio Nacional Ciudadano y autoridades del Instituto de Investigaciones Jurídicas, habría que agregar más de 20 mil casos de migrantes privados de su libertad por el simple hecho de querer cruzar la frontera.

Desconfianza entre corporaciones

El hidalguense aclaró, ante la molestia de ciertos asistentes, que jamás hubo “dolo” al difundir estas cifras y tampoco pretendió "maquillar, ocultar, minimizar el problema del secuestro sólo es verlo en su justa dimensión lo que significa no avalar cifras descomunales de migrantes secuestrados.

“No tendría ninguna razón válida ni inválida para minimizar este problema porque yo no soy el único responsable de atender los secuestros en este país. Si yo fuera el único responsable y esto estuviera fuera de control sería anti ético tratar de maquillar las cifras”, precisó en la mesa de trabajo en la que también participó Patricia Bugarín, subprocuradora de Províctima y Roberto Ochoa, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

El titular de la División de Investigación de la Policía Federal reconoció que existen deficiencias operativas en las unidades nacionales de anti-secuestros como el hecho de que si se atraviesa un puente o el fin de semana los investigadores posponen trámites, pierden la oportunidad de detener a los delincuentes y salvar a las víctimas, por lo que se está proponiendo hacer una evaluación al personal y dejar únicamente al comprometido.

“Yo hice señalamientos muy concretos, como el hecho, de que hay desconfianza entre las mismas corporaciones para trabajar conjuntamente, atender a las víctimas de secuestro con poca sensibilidad como si fueran presuntos delincuentes, la ausencia de homogenización de la ley de procedimientos pese al decreto presidencial y modificaciones a la ley”, dijo.

Razones políticas

Damián Canales Mena también explicó que la denuncia es esencial para actuar oportunamente y recordó el caso de los dos menores de edad secuestrados por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca que fueron sometidos a condiciones inhumanas como el estar en una zona a 33 grados centígrados, sin alimentación, al grado de que la familia no los reconocía.

 “Los menores, incluso, reconocieron los hongos del pie de uno de los maestros y ahora pretenden por razones políticas que los suelten cuando cometieron un delito”.