Éricka Flores/Milenio
QUERÉTARO, Qro.- Teresa y Alberta despiertan por las noches con el mismo sueño: que son acusadas y encarceladas nuevamente por secuestrar a seis policías de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).

La hija de Teresa también tiene pesadillas. Tiene cuatro años y nació en el penal de San José el Alto, Querétaro.

La niña no debería saber cómo fue la vida en prisión, donde pasó su primer año y medio. Sin embargo, lo sabe porque sus compañeros de preescolar se lo recuerdan todos los días. Por eso la mirada de su madre entristece cuando lo relata: "Los niños le contaron que estuvimos en la cárcel y me pregunta si es cierto que yo, su tía Alberta y la señora Jacinta estuvimos ahí. Le tengo que explicar que sí, pero que estuvimos injustamente y que salimos libres porque demostramos nuestra inocencia".

Alberta sabe que pronto tendrá la misma experiencia, pues en dos meses nacerá su primer bebé. No obstante, no se le ve contenta, pese a que el Tribunal Fiscal de Justicia Federal y Administrativa falló en su favor y el de Teresa, por haber sido acusadas indebidamente del delito de secuestro que las llevó a la cárcel por casi cuatro años.

Miradas extrañas

El 20 de noviembre los magistrados determinaron que la Procuraduría General de la República deberá reparar el daño causado (patrimonial y moral) pagándoles una indemnización y una disculpa pública para ambas.

"No ha sido fácil volver a la normalidad. Cuando salimos de la cárcel estuvimos tres meses encerradas en nuestras casas porque en Santiago Mexquititlán la gente nos miraba extrañamente. Dicen que las que estuvieron en la cárcel ya volvieron", refiere Alberta.

Al buscarlas por su nombre en este poblado, nadie sabe quiénes son, pero al replantear la pregunta el domicilio aparece:

—¿Sabe usted dónde encontrar a las señoras que estuvieron en la cárcel?

—¡Ah claro! Siga por ese camino hasta llegar a los invernaderos.

Son cuatro, aunque por ahora solo hay dinero para trabajar uno. Fue un apoyo del actual gobernador queretano, porque nadie compraba las muñecas artesanales hechas por "un par de ex onvictas". Paradójicamente, el jitomate sembrado en este invernadero sí tiene compradores en Amealco, la cabecera municipal.

Cada día, a las 6:00 am, Teresa González inicia su jornada, que le hace olvidar todo, pero recuerda que a veces llora porque la gente les hizo daño.

"Lo que no teníamos que hacer antes, dar explicaciones por la injusticia que nos hicieron, lo hacemos actualmente para que nos den trabajo. Por eso mi esposo dice que hay que echarle ganas al invernadero para salir adelante y no tener que pedir trabajo".

Perdió la cuenta

La deuda por abogados y trámites legales sigue ahí, aunque ni Alberta ni Teresa saben con exactitud a cuánto asciende. Su familia vendió una tierra, un tractor, vacas y guajolotes para reducir el monto, pero todavía faltan por liquidar préstamos de amigos, familiares y cajas de ahorro.

Gabriel, su esposo, tampoco habla de cantidades, pues asegura que perdió la cuenta, y a cambio pide a su esposa y hermana ocuparse de estar bien.

Difícil tarea. Alberta Alcántara accede a este entrevista, pero sus respuestas son breves y dice estar incómoda, cansada y harta de seguir hablando del mismo tema que cambió su vida hace siete años.

En segundos se derrumba y llora porque quiere que esto acabe ya.

"Darle la vuelta a la página y esperar que la PGR se disculpe con nosotras, que acepten que se equivocaron y que somos inocentes porque ni con todo el dinero del mundo pueden reparar todo el daño que nos hicieron al separarnos cuatro años de nuestra familia", resume.

La espera de Jacinta

Sentada en una pequeña silla, Jacinta Francisco Márquez llena su bolsa con frituras que vende afuera de la primaria de Santiago Mezquititlán, donde los niños la reciben cariñosamente, porque saben que no es una secuestradora.

Por el contrario, recuerda que cuando quedó libre (en septiembre de 2009) su clientela infantil la recibió con gusto.

"Los primeros días fue difícil volver a ver gente, pero a mí no me da pena porque no hice nada. En mi comunidad la gente me conoce bien, hubiera querido que esto no pasara", confiesa.

Las ventas de la paletería familiar Jacimemo han bajado por el clima, pero no le importa, pues sigue levantándose temprano para preparar su carrito de golosinas y salir a ofertarlas.

Con la paciencia aprendida en 50 años, también espera que el Tribunal Fiscal de Justicia Federal y Administrativa resuelva de la misma manera que con Teresa y Alberta para reparar el daño. En el fondo también quiere escuchar a la PGR decir: "Lo siento, usted es inocente, disculpe".

Pago del daño

Hace cuatro años Luis Tapia, defensor del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, leyó en los diarios las declaraciones que hizo el entonces procurador general, Arturo Chávez. Jacinta recién estaba libre y Chávez decía que la ley federal de responsabilidad patrimonial tenía un mecanismo para reparar el daño.

Intrigado, Tapia le tomó la palabra al procurador e investigó sobre el tema. Al año, el Centro Pro ya había integrado el expediente con que solicitó reparar el daño hecho a Teresa y Alberta: y ganó. Luego presentó otra demanda igual a favor de Jacinta, dicha resolución debe darse entre diciembre y enero de 2014; si todo sale bien, ella deberá tener el mismo beneficio que sus compañeras de cárcel.

"El pago por daño patrimonial equivale a lo que ellas dejaron de percibir por su trabajo y el de daño moral se refiere a las afectaciones en su reputación y honor. Además, ordena a la PGR decir que son inocentes, con los mismos mecanismos que usó, en su momento, para afirmar que eran culpables, en presencia de prensa nacional e internacional", dice Tapia.