Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un recurso legal para que se determine con claridad el periodo de la gubernatura de Jaime Bonilla en Baja California.

La acción declarativa, presentada por el secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, se integró en el expediente de Juicio Electoral en defensa de la certeza de los comicios donde resultó ganador Bonilla, para el periodo del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.

EL INE destacó en un comunicado que el objetivo es que la Sala Superior disipe la incertidumbre jurídica derivada de la aprobación de la reforma a la Constitución del estado de Baja California, por la que se pretende ampliar el mandato hasta 2024.

Dicha reforma "fue hecha con posterioridad a las elecciones del 2 de junio y publicada después de la declaración de validez de las elecciones y la entrega de la constancia de mayoría, en la que claramente se señaló el periodo de mandato, por dos años”, destacó el órgano electoral.

Asimismo, señala que es necesaria la intervención de la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, porque se han puesto en entredicho los alcances de la participación política de la ciudadanía “produciéndose un entorno de incertidumbre incompatible con el carácter democrático y republicano de los gobiernos electos popularmente”.

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Situación de Jaime Bonilla en Baja California perjudica el estado de derecho

El Instituto Nacional Electoral justificó la acción declarativa al referir que se trata de una situación que produce incertidumbre o falta de seguridad de un posible derecho y la posibilidad de que con esa situación se afecte o perjudique en cualquier modo el derecho.

Aseguró que el dictado de una sentencia de declaración de certeza clarificará, con precisión, los términos y alcances en los cuales se produjo el llamamiento a las urnas para renovar la gubernatura de Baja California y los efectos de la voluntad ciudadana declarada en el cómputo de la entidad y materializada en la constancia de mayoría y validez que, en su oportunidad, fue emitida por el Organismo Público Local Electoral (OPLE).

“Incorporar elementos de incertidumbre –como lo es modificar el periodo de un gobierno electo después de los comicios y de la declaración de validez del proceso electoral– podría producir un daño al electorado en su conjunto, al sistema democrático y a la función electoral que tienen a su cargo el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales”, indicó.

En julio pasado el Congreso de Baja California reformó el artículo octavo transitorio del decreto 112 de la Constitución Política de eses estado, publicado el pasado 17 de octubre, donde se estableció que la gubernatura electa en el proceso electoral de 2019 iniciará funciones el 1 de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2024.

Corte admite impugnaciones de partidos contra ‘Ley Bonilla’

Por Gloria Islas Rodríguez

México, 24 Oct (Notimex).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite acciones de inconstitucionalidad promovidas por cuatro partidos políticos en contra de la llamada "Ley Bonilla", que permite ampliar de dos a cinco años el periodo del gobernador electo en Baja California, Jaime Bonilla Valdez.

Sin embargo, el ministro Fernando Franco González Salas negó la suspensión que solicitaron los partidos de la de la Revolución Democrática (PRD), el Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), al argumentar que el hecho de que el gobernador entre en funciones el 1 de noviembre, no significa que se hayan consumado los efectos de la norma.

Explicó que no es necesario que la presente acción de inconstitucionalidad se resuelva antes de que el próximo titular del Ejecutivo del estado de Baja California rinda la respectiva protesta para asumir el cargo, pues la norma impugnada continuará surtiendo sus efectos y, por tanto, la sentencia respectiva aún tendrá objeto de pronunciamiento.

El ministro González Salas requirió a los poderes Legislativo y Ejecutivo de Baja California para que rindan sus informes y solicitó las iniciativas, los dictámenes de las comisiones correspondientes y las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado y en las que consten las votaciones de los integrantes de ese órgano legislativo.

Así como, los respectivos diarios de debates y las documentales de las que se advierta que dio vista con la reforma constitucional a los municipios del Estado y un ejemplar del Periódico Oficial del Estado de Baja California en el que conste su publicación; en caso de no cumplir con lo anterior, se les aplicará una multa.

Además, dio un plazo de tres días naturales para que el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), envíe copia certificada del Estatuto vigente de los partidos políticos, así como de la certificación de sus registros vigentes y precise quienes eran sus representantes al momento de la presentación de este medio de control constitucional.

Por su parte, el presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contará con un plazo de 10 días naturales, para que exprese por escrito su opinión en relación con las acciones de inconstitucionalidad.

Mientras que el presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California tendrá tres días naturales para que informe a la Corte la fecha en que inicia el próximo proceso electoral en la entidad.

El ministro Fernando Franco González Salas, encargado de analizar el tema, consideró que las solicitudes contienen los elementos jurídicos necesarios y fueron presentadas conforme a la ley.

Los actores que presentaron la acción de inconstitucionalidad son los partidos Acción Nacional (PAN), PRI, MC y el PRD.