El Instituto Nacional Electoral (INE) incluyó en su catálogo de infracciones la prohibición de actos anticipados de promoción para aspirantes para la elección en el Poder Judicial.

La medida busca frenar la difusión de propaganda antes de los plazos legales, un fenómeno que ha sido señalado entre ministros, magistrados y jueces que buscan contender en los próximos comicios.

Durante la sesión, el consejero Arturo Castillo señaló que el documento inicial no contemplaba a ciertos actores con posibilidades de cometer irregularidades. En particular, hizo énfasis en los aspirantes evaluados por los Comités del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, así como en los juzgadores que aparecerán automáticamente en la boleta electoral.

Castillo destacó que la normativa ya contemplaba la prohibición de realizar actos de campaña antes del 12 de febrero, pero aclaró que el periodo de selección de candidaturas comenzó en 2023.

La consejera Claudia Zavala respaldó la propuesta y enfatizó la necesidad de precisar que la restricción aplicará a jueces, magistrados y ministros que han asegurado su inclusión en la boleta tras manifestar su intención de contender.

La decisión del INE surge luego de que diversos sectores han señalado el activismo de aspirantes como Lenia Batres y Loretta Ortiz, ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes han participado en actividades que podrían considerarse promoción anticipada.

De hecho, ciudadanos han presentado denuncias ante el organismo electoral por este motivo.

Con las modificaciones aprobadas, los aspirantes no podrán realizar actos de campaña fuera del periodo permitido ni contratar espacios en medios electrónicos o impresos.

También se prohíbe la difusión de encuestas y propaganda que contenga calumnias, vulnere derechos de la niñez o tenga un impacto ambiental negativo. Además, se restringe la entrega de cualquier tipo de material que implique un beneficio para el electorado.

En otra resolución, el INE aprobó la difusión de propaganda gubernamental durante las campañas, bajo el argumento de que no se trata de un proceso en el que participen directamente los partidos políticos. Sin embargo, Claudia Zavala insistió en que esta práctica debería prohibirse, pues la Constitución establece restricciones al respecto.

“Si las reglas del artículo 134 aplican para esta elección, el sistema de comunicación política también debería hacerlo. Pido un ejercicio en el que atendemos a las prohibiciones que se encuentran en nuestra Constitución y en la ley”,

argumentó Zavala.

La consejera subrayó la necesidad de dar claridad sobre lo permitido y lo prohibido en el proceso electoral, al considerar que existen vacíos normativos que los legisladores deberían abordar.

(Con información de Reforma)