México mantiene una "situación generalizada de desapariciones" ante las que impera una impunidad "casi absoluta, estructural", la falta de coordinación entre autoridades, la revictimización de los afectados y un enfoque de seguridad que "no solo es insuficiente sino además inadecuado".

Así de contundente fue Carmen Rosa Villa Quintana, presidenta del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, al exponer el balance de la visita de este grupo independiente al país, el primer estado señalado por graves violaciones que se abre al escrutinio de los expertos internacionales.

Durante casi dos semanas, se entrevistaron con autoridades, familias de victimas y colectivos de derechos humanos, recorrieron 13 de los 32 estados mexicanos donde vieron exhumaciones y procesos de búsqueda y revisaron los sistemas de registro de cárceles y centro de detención migratoria, claves para buscar a las personas en vida.

Al concluir se mostraron impactados por "la imagen de una sociedad superada por el fenómeno de las desapariciones, la impunidad sistémica" y la impotencia de las víctimas "frente a la inacción de algunas autoridades", explicó Villa Quintana.

México tiene más de 95 mil personas no localizadas, según el recuento más actualizado del gobierno federal. Más de 93.000 de esas desapariciones tuvieron lugar desde 2006, cuando comenzó el combate frontal contra el crimen organizado. Entre los más vulnerables están los menores, las mujeres y los migrantes.

Lo más preocupante es que las desapariciones "no son un fenómeno del pasado", dijo Villa Quintana. "Lamentamos constatar que aún persisten". Solo en los once días que el grupo pasó en el país hubo un centenar de desapariciones más, indicó. La experta agregó que "desaparecen personas pero también cuerpos y expedientes" y que hay una grave crisis forense con 52.000 cuerpos sin identificar.

El Comité había solicitado a México en 2013 revisar todas las denuncias recibidas, pero el gobierno se había negado sistemáticamente a aceptar la visita hasta ahora.

Aunque su informe final lo enviará a México en abril de 2022, Villa Quintana adelantó que "la lucha contra la impunidad es impostergable" porque el fenómeno de las desapariciones deja "huellas profundas e irreparables para las víctimas y la sociedad en su conjunto".

Mostró su preocupación por la falta de coordinación de las autoridades y sobre todo de las fiscalías por la existencia de patrones de desaparición en distintas regiones del país que no son analizados o atendidos, por la connivencia de agentes estatales con el crimen organizado y por el trato y las amenazas que reciben las víctimas y que lleva a que no denuncien y a que aumente la impunidad.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador impulsó la puesta en marcha de la Comisión Nacional de Búsqueda, aprobó protocolos y mecanismos especiales forenses, entre otros avances legislativos e institucionales. Sin embargo, Villa Quintana dijo que todavía hay recomendaciones pendientes lanzadas por el Comité desde 2015, como el contar con registros eficaces para poder cruzar todo tipo de datos entre distintas instituciones y luchar contra la impunidad de forma integral porque la cifra de sentencias es todavía muy pequeña.

El Comité apostó porque México ponga en marcha una política nacional de prevención de desapariciones y haga mayores esfuerzos para encontrar con vida a los desaparecidos, y elogió el papel de las mujeres en los procesos de búsqueda.

El gobierno mexicano se ha mostrado dispuesto a colaborar con los expertos internacionales.

"Para que en México la desaparición deje de ser paradigma del crimen perfecto, la respuesta a todos estos factores es urgente", sentenció Villa Quintana.

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