Lucio Vázquez/MILENIO
ESTADO DE MÉXICO.- Ahora que los cuatro mazahuas salieron libres luego de pasar más de cuatro años en la cárcel por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, ninguno regresó a vivir a su comunidad: San Antonio de la Laguna, ubicada en el municipio de Donato Guerra, Estado de México, debido a que las autoridades de Valle de Bravo mantienen órdenes de arresto en su contra.

Los habitantes de la región, quienes dicen conocer a Ciriaco Flores Andrés, Federico Peña Victoria, Miguel Martínez de Jesús e Higinio Flores Sebastián, dicen que éstos son inocentes de la muerte de Juventino Flores en 2009.

Sin embargo, aunque solo ocho fueron acusados por la Procuraduría General de la República a raíz de una supuesta denuncia anónima por posesión de armas y drogas ilegales, no son los únicos que resintieron el operativo de la Policía Federal. 

Esta comunidad no olvida lo sucedido en aquella madrugada del 19 de abril de 2010. “Rompieron vidrios, rompieron hasta la puerta... llegaron pidiéndonos dinero”, dijo Silvano Peña, hijo del entonces detenido Guillermo Peña Arzate. “Venían tapados, cubiertos del rostro... y nos sacaron de nuestros cuartos”, dijo.

Pero los federales no solo se excedieron con los implicados, ya que, según cuentan los pobladores, éstos agredieron por igual a otros que nada tenían que ver con la acusación. “Nos sacaron de mi cuarto hasta la carretera... nos insultaban, a mí me jalaron y yo traía a mi hija en brazos porque ella tenía cuatro años”, dijo Magali Marín, nuera de Peña Arzate. “Empiezan el conteo, creo que yo ya iba de sobra, y me dicen bájate a chingar a tu madre... y al abrir la puerta me dan una patada y un golpe atrás”, dijo Jesús Peña, sobrino de Peña Victoria.

La versión oficial señala que los ocho fueron detenidos en la autopista Valle de Bravo-Toluca, aunque aquí lo niegan: “Ellos cuando llegaron aquí en primer lugar fue de madrugada... y luego no se identificaron; ni siquiera traían una orden de aprehensión, sino que llegaron como ladrones”, dijo Marcelino Peña, otro de los hijos de Peña Arzate.

Éste no alcanzó el indulto, ya que después de su detención y ser encarcelado en el penal de Villa Aldama, Veracruz, no resistió los estragos de la insuficiencia renal y la diabetes.

Según vecinos y familiares, del resto, solo Dionisio Flores Sebastián emigró de la región de manera temporal. Simón de Jesús Álvarez está en la cárcel de Valle de Bravo por el mismo homicidio que la policía de este municipio le imputa a los recién exonerados. En tanto, Simón Peña Flores es el único que se encuentra en la localidad y defiende su inocencia. “Cuando nos pasaron a la interrogación nos pusieron las armas en las manos y nos dijeron que eran de nosotros”, dijo.

Mientras las autoridades informaron de la liberación de estas siete personas, lo que no se precisó es que Peña Flores, Flores Sebastián y De Jesús Álvarez salieron casi de inmediato cuando sin mayor explicación se les ofreció su libertad a cambio del pago de una fianza.

El representante de la comunidad también cuestiona al gobierno. “No sé qué tipo de investigación ha hecho o qué es lo que esté haciendo, pero no son cosas reales lo que informan”, dijo Perfecto Victoria, delegado de San Antonio de la Laguna.

Y aunque nadie se les ha acercado para siquiera ofrecerles una disculpa, ellos no solo exigen una reparación de daños, sino que se investigue y se castigue a los responsables porque “no nada más lastimaron a ocho; los ocho tienen familiares, esposa e hijos... entonces pasaron a perjudicar a cientos de personas”, dijo Marcelino Peña.