Luis García/Milenio
MÉXICO, D.F.- Sin necesidad de aprobar una ley mordaza como en Sinaloa (en vías de ser derogada), en Nuevo León los medios de comunicación quedarán impedidos el próximo año de cubrir hechos relacionados con los delitos que se mencionan en el catálogo del nuevo sistema penal acusatorio.

El presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad del Congreso estatal, Francisco Cienfuegos, confirmó que se impedirá tomar fotografías o video en escenas donde se haya cometido un crimen. La medida se aplicará a partir de abril de 2015.

La disposición emana de la legislación federal y el nuevo modelo de justicia, según el cual toda persona involucrada en un incidente delictivo es presunto inocente y no presunto culpable.

“Todos los delitos tipificados en el Código Penal entrarán en esa suposición (…) para dar protección a las personas que estén vinculadas con un delito.

“Un caso hipotético es cuando llegan los medios de comunicación a una escena donde hubo un choque; hay personas que perdieron la vida o tienen lesiones graves (…) Entonces se empieza a presumir la culpabilidad de una persona, cuando el nuevo sistema dice que es inocente.

“No sabemos si la persona que está detenida es la que manejaba, tal vez el conductor se fugó y tomamos (fotografías y video) de otra persona como si fuera la culpable, cuando es testigo o copiloto”, detalló el legislador.

Autoridades de la procuraduría confirmaron  que la medida entrará en vigor en abril próximo.

Por tanto, la dependencia tendrá que definir el método para informar sobre hechos delictivos, ya sea mediante boletines, como se hace en otros estados, o en ruedas de prensa.

La ley orgánica de la procuraduría fue modificada hace unos años, a fin de empatarla con el nuevo sistema penal. Ahí se establece un blindaje para que los funcionarios no filtren información a los medios.

El artículo 15 de esa norma obliga a los servidores públicos de la procuraduría “abstenerse de dar a conocer a quien no tenga derecho, por cualquier medio, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra información reservada o confidencial de la que tenga conocimiento”.

Sin embargo, Francisco Cienfuegos señaló que estas disposiciones, que impedirán de facto el trabajo de los medios, no pueden considerarse ley mordaza.

“De ninguna manera (es una ley mordaza), lo quiero dejar muy claro: esta ley brinda protección a todos los habitantes del estado (…) Hoy debería ser así, todo el tiempo debió ser así; las averiguaciones no deben ser de carácter público, ahí es cuando entra la lucha entre el reportero y la autoridad para preservar la información”, refirió.

El panista Enrique Barrios, también integrante de la Comisión de Justicia y Seguridad en el Congreso local, señaló también que el espíritu del nuevo sistema penal no es impedir el trabajo de los periodistas.

“La interpretación que debe darse es que los medios de comunicación no están incluidos… o que las prohibiciones no son para ellos; filtrar información reservada es una cuestión que debe evitarse para no proteger criminales”, expresó.

Reglas viejas

Las restricciones del nuevo sistema de justicia penal comenzaron en marzo del año pasado, cuando el gobierno estatal y municipios suspendieron la presentación de detenidos por “orden federal”.

Actualmente ambas instancias se limitan a enviar a los medios comunicados y boletines sobre capturas realizadas, en algunas ocasiones sin mostrar las fotografías de los presuntos criminales.

En Sinaloa los diputados locales incluyeron dentro de su legislación un apartado específico que limita la cobertura de la nota policiaca a boletines. El gobernador reconoció que la aprobación de esa ley fue un error y ordenó dar marcha atrás.